Cullera contrata a más de un centenar de parados con programas subvencionados
La reactivación de los programas de fomento del empleo subvencionados por organismos supramunicipales han permitido al Ayuntamiento de Cullera la contratación de más de un centenar de personas a lo largo de 2017.
La recuperación o puesta en marcha de nuevos programas subvencionados por la Generalitat o la Diputación de Valencia se suman al impulso a la contratación que ha llevado a cabo el consistorio con recursos propios como la Bolsa Social de Empleo, con la que se han firmado casi 200 contratos en este año que está a punto de acabar.
«Tras años de desmantelación de la política de fomento del empleo público, la realidad hoy en día gracias al Govern del Botànic y al Gobierno del Cambio de Cullera es que vuelven a haber recursos para contratar a personas que necesitan una oportunidad para integrarse en el mercado laboral», ha destacado el alcalde, Jordi Mayor.
Hoy mismo se han integrado en la plantilla municipal de cuatro peones de jardinería, todos ellos vecinos de la localidad y desempleados de larga duración, gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana que asciende a 34.000 euros.
Esta contratación se emmarca dentro de los programas de empleo de iniciativa social con corporacions locales (EMCORD y EMCORP 2017), las cuales se integran en el programa de fomento de empleo 'Avalem Experiència' del Servicios de Empleo y Formación (SERVEF).
Los más de 100 contratados con programas de colaboración son solo una parte de los logros en materia de empleo que ha conseguido el consistorio. A esta cifra hay que sumarle otras contrataciones vinculadas a los programas de formación y empleo como, por ejemplo, el Taller Avalem Jardins de Cullera, que ya permitió la contratación de nueve jóvenes del municipio, o la ampliación de la plantilla de Servicios Sociales, entre otros.
Cullera prevé seguir recibiendo estas ayudas el año que viene y además ha puesto más recursos en el presupuesto municipal de 2018 para la Bolsa Social de Empleo, que ampliará sus contratos a cuatro meses para que los beneficiarios —personas en riesgo de exclusión social— puedan trabajar durante más tiempo.
