Les Corts debatirán en el próximo pleno la ley de pobreza energética de Podemos

El pleno de Les Corts Valencianes que se celebra la próxima semana debatirá la proposición de ley para paliar y reducir la pobreza en la Comunitat Valenciana, presentada por el grupo parlamentario Podemos-Podem, con la que “no se podrán producir cortes de suministro eléctrico sin agotar todas las posibilidades para hacer frente al pago de la factura y sin el informe de los servicios sociales municipales”, según ha explicado el síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel.

Según Montiel, el reciente acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos a nivel estatal no da respuesta suficiente a las necesidades de la ciudadanía, como ya han denunciado las principales organizaciones sociales y de consumidores del sector, ya que no garantiza el acceso universal y permite seguir cortando la luz a las familias sin recursos.

Por el contrario, según ha señalado Montiel,  la iniciativa presentada por Podemos es “una ley necesaria, que aborda con cuidado el reparto competencial y que garantiza que los pagos y la resolución de expedientes de ayuda correrán a cargo de la Generalitat”.

La ley pasó por Comisión de Obras Públicas a finales del año pasado, aunque fue presentada en noviembre de 2015. En este sentido, Montiel ha criticado que la tramitación se haya alargado inexplicablemente.

El síndic de Podemos ha incidido en que “la pobreza energética mata” y ha cifrado en 800 las muertes que relacionadas con esta causa se registran cada año en la Comunitat Valenciana.

La ley recoge que el ente tramitador serán los ayuntamientos a través de los servicios sociales y que serán los alcaldes y alcaldesas quienes formalizarán las propuestas para que se aprueben las resoluciones, mientras que el procedimiento sancionador, --que está inspirado en la legislación valenciana sobre protección y defensa de consumidores  y usuarios-- corresponde al Consell.

La norma recoge que los pagos que se estipulen los realizará la Generalitat y no los ayuntamientos y queda abierta la posibilidad de la colaboración para la financiación de estas ayudas entre el Consell, Diputaciones y otras entidades locales.

Según se acordó en el debate en comisión, se entenderá por hogares en situación de vunerabilidad social aquellos que se encuentren en situaciones de pobreza energética conforme a los parámetros que se definan reglamentariamente atendiendo a los niveles de pobreza admitidos por el Instituto Nacional de Estadística referenciados en la Comunitat Valenciana, así como los que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción o renta mínima garantizada.

La Generalitat será la administración que tendrá la potestad sancionadora respecto a  empresas suministradoras que lleven a cabo corte de suministro a familias en los casos en los que está en trámite la declaración de hogar en situación de vulnerabilidad social, así como a las que eliminen el servicio sin comunicación previa a los respectivos servicios sociales municipales.