Les Corts aprueban por unanimidad a propuesta de Podem pedir al Gobierno que interponer denuncia para un extranjero no implique riesgo de expulsión
La Comisión de Política Social de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad a propuesta de Unides Podem reclamar al Gobierno estatal que con carácter inmediato y mientras se inicia un proceso de reforma de la Ley de Extranjería, se establezca un marco legal para que cualquier persona extranjera víctima de un delito pueda poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito sin que el hecho de interponer la denuncia suponga riesgo de expulsión.
Irene Gómez, la diputada que ha defendido la iniciativa, --que ha sido transaccionada y aprobada posteriormente por todos grupos-- ha señalado que la intención de esta PNL es “la protección a las y los extranjeros indocumentados que asisten a denunciar algún delito y terminan con la apertura de un expediente de expulsión, motivo por el cual muchos extranjeros víctimas de delitos diversos no acuden a denunciar y de este modo, la impunidad campa a sus anchas”.
En este sentido, ha recordado el caso de la ciudadana hondureña que fue detenida por estancia irregular en España cuando acudió a la Comisaría de Xirivella (Valencia) a denunciar una agresión sufrida a manos de un hombre español. Este caso ya fue archivado, ha recordado Gómez, pero es “solo es la punta del iceberg de todos los casos existentes en nuestra autonomía y en toda España, donde personas extranjeras ven vulnerados sus derechos fundamentales por la intersección del aparato legal que las controla antes que protegerlas: las directivas europeas, la Ley de extranjería, la Ley de asilo, entre otras”.
En este sentido, ha lamentado que “todo este entramado legal antepone la situación administrativa a una causa penal y la protección a las víctimas. Muchas normativas deben ser reformadas, en particular la Ley de extranjería, que debe proteger de forma integral a las personas extranjeras”.
La proposición no de ley aprobada insta también a incluir a las personas extranjeras en situación irregular en los protocolos de actuación de las unidades que integran la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Igualmente reclama que el Ministerio del Interior proceda a la expedición de una instrucción para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, garantice el derecho de todas las víctimas de un delito a interponer una denuncia así como del resto de derechos que la ley reconoce, “sin que la persecución de un ilícito administrativo impida la persecución de un delito, tal como ha recomendado el Defensor del Pueblo”.
Finalmente, se plantea que se aborde una reforma integral de la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y de la de Extranjería con el fin de que puedan incorporarse como solicitantes de protección internacional, las víctimas de los grupos organizados como las ‘maras’.
