Las Corts aprueban instar al Gobierno central a regular la práctica empresarial de la obsolescencia programada
La Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de las Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad, en la sesión de esta mañana, una propuesta de Compromís, con enmienda del PSPV, para solicitar al Gobierno central que estudie y acuerde con todos los agentes implicados normas que regulen y limiten las prácticas empresariales de obsolescencia programada, protegiendo así a los consumidores y consumidoras frente a estas prácticas en determinados productos y que, además, se desarrollen mecanismos para la promoción del consumo de bienes perdurables y reparables.
Según ha explicado la diputada de Compromís, Mª Josep Ortega, "la obsolescencia programada es una práctica que llevan a cabo determinadas empresas dedicadas a la fabricación de bienes, con la cual pretenden que un producto, después de un periodo de tiempo calculado por el propio fabricante durante la fase de diseño, se vuelva obsoleto. Todo esto sin que el consumidor pueda acabar perdiendo la confianza en la marca y llegue al convencimiento de que la duración del producto es la correcta".
"Esta práctica supone toda una serie de gastos fijos a las personas, que ven cómo cada cierto tiempo tienen que cambiar inevitablemente de electrodomésticos, de teléfonos o de ordenadores con el problema económico que esto les puede suponer, y sin tener ninguna opción de reparar los aparatos. Se trata de una cuestión que no es nada banal, puesto que las personas con menos recursos económicos son las que más sufren la obsolescencia programada, puesto que no pueden pagar productos sostenibles, y tienen que utilizar productos de baja gama más frágiles, que se rompen antes. Una situación que repercute en sus tasas de endeudamiento, ya de por sí muy elevadas", ha explicado Ortega.
Por otro lado, "desde un punto de vista medioambiental, la obsolescencia programada también nos aboca a una calamidad de proporciones preocupantes: se calcula en 11 millones de toneladas anuales los residuos que se generan actualmente de aparatos eléctricos y electrónicos. Y todo y las políticas de reciclaje e innovación, la cifra continúa subiendo. El beneficio económico que unos pocos obtienen gracias a las prácticas de la obsolescencia programada genera una estructura económica y social que poco beneficia a los ciudadanos, a los consumidores y al medio ambiente. Por todo ello consideramos que hoy hemos dado un paso adelante en las Corts aprobando esta propuesta en la Comisión de Industria", ha concluido Mª Josep Ortega.
