Compromís reclama un equipo de ocho inspectores de trabajo en el campo valenciano para frenar la explotación
El objetivo es frenar los abusos laborales que se dan entre los trabajadores del campo y la práctica de excesiva utilización de Empresas de Trabajo Temporal para las contrataciones
El senador Carles Mulet ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para garantizar unas condiciones dignas a las personas trabajadoras del campo valenciano. La propuesta surge por la constatación por parte de las organizaciones agrarias de abusos laborales en el campo en plena temporada de la naranja, que comenzará en las próximas semanas. Así considera necesario un refuerzo en el personal de Inspección de Trabajo que se desplaza acompañado de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a las explotaciones agrícolas para comprobar la legalidad de las contrataciones y salarios. “Nos han relatado los representantes de estas organizaciones el uso y abuso de las contrataciones vía empresas de trabajo temporal (ETT), con cotizaciones irreales que están empobreciendo al trabajador, apartándose del convenio de recolectores, sobreexplotándolo ya que saben quienes contratan a los collidors (recolectores) de las dificultades económicas que atraviesan desgraciadamente muchos de ellos y se aprovechan de ello en unas ocasiones y, en otras, para poder ofrecer precios competitivos como los que le reclaman las grandes cadenas de distribución, que se aprovechan de la entrada de producto de países terceros”, ha señalado Carles Mulet. Así un cajón de navelinas, por poner un ejemplo, ha pasado de pagarse de 1,20 a 0,60 euros.
El portavoz de Compromís ha asegurado que “el Ministerio de Trabajo, como responsable del cuerpo de Inspección destina pocos recursos a luchar contra estas prácticas, por lo que son necesarios más medios”. Compromís, tras consultar con colectivos implicados en el trabajo con el campo entiende “razonable” la creación de un equipo de ocho personas con este objetivo, que tendría un coste estimado de 300.000 euros al año. La coalición plantea cuestiones y dudas sobre la actual legislación en relación a los contratos agrarios que realizan almacenes de cooperativas aprovechándose de las ETT. En algunos casos han pasado de tener una relación de 3 collidors propios frente a uno contratado vía ETT a invertir las cifras, con la consiguiente precarización de sus vidas, menores cotizaciones a la Seguridad Social, explotación de autóctonos y extranjeros. La coalición apuesta por precios y salarios dignos tanto para quienes producen los alimentos como para quienes lo recogen y que dejen de ser objeto de abusos.
