Compromís presenta en Castellón sus peticiones para el próximo Gobierno de España
La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, y el diputado Alberto Ibáñez, han presentado en Castelló en rueda de prensa las principales propuestas que presentarán durante la negociación del acuerdo de investidura para un futuro gobierno progresista del Estado. Unas propuestas que tienen como objetivo seguir avanzando en la agenda social y ecológica valenciana y castellonense, corrigiendo las carencias y agravios históricos hacia el territorio Valenciano por parte de los últimos gobiernos estatales.
La reforma del sistema de financiación será la primera de las medidas que desde Compromís se exigirá al nuevo gobierno del Estado, para ser el eje en el cual se basan los recursos necesarios para sufragar los servicios públicos castellonenses. Una reforma que tendrá que ser acompañada, además, por la creación de un fondo de nivelación transitoria así como la condonación de la deuda histórica de 46.000 millones de euros provocado por una infrafinanciación crónica.
A parte, Compromís exigirá la ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de cercanías. "Exigimos la finalización del tercer carril entre València y Castelló, el AVE València-Castelló respetando l’horta y acabar antes del 2025 el trayecto hasta Tarragona para favorecer la exportación". "Hace falta una apuesta firme por el Corredor Mediterráneo, clave para las comarcas de Castelló", ha explicado Ibáñez.
También, Compromís quiere acelerar la transición ecológica justa, priorizando el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en suelos degradados y siempre manteniendo el diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural. "El vecindario tiene que tener voz y decidir de forma democrática sobre la instalación de plantas solares en sus términos municipales", ha defendido Micó.
Proteger a los productores castellonenses es otra de las exigencias de la coalición para investir un nuevo gobierno del Estado. Por eso, se propone el establecimiento de un índice de precios a los productos agroalimentarios que aseguren precios justos, con la creación de una normativa que controle que la cadena alimentaria y sus intermediarios paguen al menos el 60% del precio a los productores. “Denunciamos la entrada masiva de naranjas de Sudáfrica que afecta directamente a la ocupación de las comarcas del norte y que provocan cierres de almacenes y cooperativas como hemos visto recientemente en Almassora o Nules", ha lamentado Micó.
En cuanto a derechos sociales, Micó e Ibáñez han hecho hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda con la limitación de los precios del alquiler e impulsar una moratoria de compraventa por parte de la población no residente de mínimo 36 meses. Además, han exigido un pacto para la liberación del tiempo encaminado a la reducción de la jornada laboral a 32 horas, y el impulso de una normativa estatal que determine los requisitos y las condiciones de los servicios prestados por empresas privadas a fin de reducir la privatización y externalización de servicios públicos.
En materia sanitaria, Compromís propone un Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado garantizando un 25% del presupuesto total de la sanidad, con financiación directa y finalista para que las comunidades autónomas aumenten personal, mejoren las infraestructuras y adquieran material sanitario. Además, se exige el pago de la deuda sanitaria que el Estado mantiene con la Generalitat Valenciana por los desplazados sanitarios, así como el pago del 50% de la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
En cuanto al modelo turístico, la coalición valencianista quiere incidir en la necesidad de desestacionalizar y desconcentrar los destinos en favor del mundo rural, mediante una nueva política turística que asuma las externalidades negativas vinculadas a la equidad social y el cambio climático, con medidas como la limitación de los apartamentos turísticos.
