Compromís pide al Gobierno medidas para incorporar al mercado de trabajo a los adolescentes tutelados
Mulet: “La Administración debe acompañar a estas personas vulnerables para que puedan construir su propia vida”
El representante de Compromís, Carles Mulet, ha registrado una moción en el Senado en la que reclaman que la administración implemente medidas para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes tutelados por programas públicos.
La propuesta presentada por la formación valencianista en el Senado pide modificar el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para adaptarlos a la Ley de Protección Jurídica del Menor, los criterios del Comité de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre menores extranjeros no acompañados. El objetivo es recoger informes sobre capacidad económica, esfuerzo de integración y nuevos informes como de la entidad de protección de menores que puedan autorizar su residencia por circunstancias excepcionales.
“La Administración llegado a este punto debe permitir que los jóvenes que han sobrevivido a duras circunstancias puedan soñar en un futuro, ya sea por la entidad de protección de menores o cualquier otra y revisar los expedientes de autorización de permisos de residencia y los aparte de su vulnerabilidad y falta de apoyos para facilitarles proyectos de vida”, ha indicado Mulet que ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas que, como la valenciana, “cuentan con programas específicos de acompañamiento en su inserción socio-laboral”.
En el País Valenciano un total de 98 personas jóvenes ex-tuteladas se encuentran en pisos de emancipación gestionados por entidades sociales fruto del concierto social que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas mantiene con ellas por encima de la rigidez de la normativa existente. Sin embargo, desde comienzo del año 2020, se ha observado por parte de las entidades un cambio en la interpretación de la norma por parte de Delegación de Gobierno, que ha desestimado las solicitudes, dejando a los jóvenes extranjeros ex-tutelados sin sus permisos de residencia. “Se trata de personas que están recibiendo el apoyo de una administración autonómica como es la Generalitat Valenciana mientras que el Gobierno de España les niega la posibilidad de residencia y por lo tanto, de trabajo”, remarca el senador que pide “cambios para corregir tan injustas situaciones”.
