Compromís pide al Gobierno un mecanismo de colaboración en la gestión del IMV
Con este la formación busca "evitar el colapso de los servicios sociales"
El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Política Social y Empleo, Carles Esteve, ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley, para debatirse en sesión plenaria, donde pide que el parlamento valenciano inste al Consell a solicitar el Gobierno de España el inicio de un mecanismo de colaboración con la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto ley 20/2020 de 29 de mayo, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en conjunción con la Renta Valenciana de Inclusión, con la transferencia de los fondos para su gestión, con una unificación de itinerarios y de prestaciones.
Según Esteve, el IVM “funciona en la Comunidad Valenciana desde hace dos años en forma de Renta Valenciana de Inclusión. Además, tiene asociados unos itinerarios que acompañan a la persona a desarrollar su propio proyecto, buscar trabajo y fórmulas de inclusión en la sociedad, que es un aspecto que el IVM no está ofreciendo por una cuestión de competencias. Pero lo más importante, y de ahí la propuesta de Compromís, es que en los servicios sociales de los ayuntamientos están previendo que van a tener una avalancha de personas pidiendo la gestión del IVM, que a día de hoy no sabemos con certeza cómo va a ser, siendo que no tienen competencias”.
“Esto significa que se saturará un servicio que, hoy por hoy, ya tiene suficiente trabajo con la carga de la COVID-19 y la gestión de los propios programas municipales y autonómicos de cariz social con una gestión que no les corresponde. Entonces, lo que estamos planteando y pidiendo es tan sencillo como que se habiliten mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana con los ayuntamientos”.
“Evidentemente, la puesta en marcha del IMV supone un paso decidido para reforzar la lucha contra la desigualdad y para garantizar a todas las personas unos ingresos suficientes para una vida digna. Pero insistimos en que esta apuesta tiene que ir en línea con los programas existentes en las diferentes autonomías, para reforzar las políticas propias que desarrollan, en su marco competencial, los gobiernos autonómicos. Y hay un claro precedente de que esto es posible, respetando las competencias de las administraciones: el marco de actuación en materia de dependencia, con una ley marco que fija los mínimos y los criterios comunes, y un despliegue autonómico, con personal, recursos, servicios y gestión próxima a la ciudadanía”.
“Hace falta que el gobierno español utilice la experiencia y recorrido de mecanismos que ya están en funcionamiento y que están demostrando su eficacia, como la Renta Valenciana de Inclusión de la Consellería de Políticas Inclusivas. En caso contrario, supondría una renuncia del Gobierno de Sánchez a los aprendizajes previos de las propias administraciones, generando duplicidades innecesarias. Por eso, y de acuerdo con el propio Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, que abre la puerta a cogestionar este ingreso en el artículo 29, es necesario articular con urgencia un marco de desarrollo del Ingreso que aproveche los programas ya en funcionamiento, que respete las competencias en servicios sociales delegadas en las autonomías y que verdaderamente articule una respuesta efectiva a la ciudadanía que necesita de estos recursos, en virtud de la cooperación administrativa que emana de la Constitución Española”, ha concluido el diputado de Compromís, Carles Esteve.
