Compromís pide al Gobierno que acabe con la Ley Mordaza y que garantice que la discriminación por lengua tendrá sanciones
Carles Mulet: “Exigimos un respeto a la Guardia Civil hacia los valencianohablantes. Nos da igual que no lo hablen, pero pedimos que no se maltrate a nadie y se sancione a quien lo haga”
El Gobierno ha señalado en una respuesta al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet que, en el ámbito de la Guardia Civil, “toda actuación que suponga discriminación o acoso por razón de lengua supone una infracción muy grave” prevista en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Mulet realizó varias preguntas a raíz de la denuncia de la Plataforma per la Llengua contra dos agentes de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna por abuso y discriminación lingüística, ya que, al parecer impidieron a dos jóvenes expresarse en valenciano y según la versión de los denunciantes “se les amenazó con aplicarles la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza”.
Sin querer prejuzgar a nadie, Mulet ha lamentado que “sean siempre una constante las denuncias por menosprecios y vejaciones hacia quien habla en valenciano u otras lenguas del Estado distintas del castellano, algo que es inaudito en caso de otras lenguas y una anomalía en un país pluricultural como el nuestro”, por lo que ha pedido “respeto” hacia todas las personas. “Nos da igual que no lo hablen, pero pedimos que no se maltrate a nadie y se sancione a quien discrimine por razón de lengua”, ha añadido.
La coalición preguntó al Gobierno si en el caso descrito sería de aplicación la Ley Mordaza, cuándo piensan derogar esta controvertida Ley, si actuaron los agentes debidamente, cuántos de los agentes se han interesado por conocer el valenciano, si se fomenta su aprendizaje y si se han investigado los hechos desde la Delegación del Gobierno. “El Gobierno sigue contestando lo que le da la gana y no lo que interesa a los representantes electos, lo que dice bien poco de la transparencia y respeto hacia los derechos de diputados y senadores, pero admite que el Gobierno tiene como prioridad derogar la denominada Ley mordaza”, ha señalado Mulet “por lo que pedimos que dejen de aplicarla de una vez y de amenazar con ella a los ciudadanos”.
Mulet coincide en que se trata de una ley fallida que debe ser eliminada y sustituida por una nueva Ley de seguridad ciudadana moderna, adaptada inequívocamente a los valores constitucionales, consensuada y que ofrezca también un marco de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generándoles certidumbre y seguridad.
