Compromís pide explicaciones en el Senado por las sanciones de Trabajo a convenios de ayuntamientos con la Diputación de Valencia

Los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han presentado varias iniciativas para conocer todo lo que rodea a las sanciones que están recibiendo municipios de menos de 5.000 habitantes de comarcas valencianas, como la Safor. Las multas van desde los 20.000 hasta los 60.000 euros tras las denuncias interpuestas por el Ministerio, a través de la Inspección de Trabajo, a los consistorios que mantienen convenios de colaboración con la Diputació de València. "La situación es cuanto menos curiosa ante unos convenios públicos y auditados", relata Mulet "ya que al parecer las denuncias sólo se han realizado a municipios de la provincia de València, pero no en las de Alacant o Castelló, con convenios similares que están vigentes desde hace más de 30 años".

El hecho de que la de València sea a la vez la única diputación de signo político distinto, ha despertado las suspicacias de representantes municipales de estas comarcas, que consideran que se trata de una "persecución política", que puede acabar poniendo en duros aprietos a estos pequeños municipios. La multa, de ejecutarse, impediría que los municipios de menor entidad ni siquiera pudieran contratar servicios externos de profesionales unas horas a la semana para sus pequeñas obras y proyectos municipales.

Para Mulet y Compromís "debe aclararse en primer lugar si los convenios que se realizaban desde hace décadas son, o no, legales y, posteriormente, conocer si existe alguna directriz en la única provincia y diputación que ha cambiado de signo político, ya que da de malpensar".

Presunta financiación a cargo de las instituciones

Esta enrarecida situación contrasta con el uso ilegítimo que, durante tantos años se habría hecho presuntamente de las diputaciones, que no eran investigadas por el Ministerio y mucho menos sancionadas. "Hablamos de que el PP exprimía y presuntamente utilizaba instituciones como la Diputación para financiarse ilegalmente, tal y como investiga la Fiscalía. Aquí debe ser Anticorrupción quien investigue el supuesto uso oscuro que se hace de estas instituciones como hemos visto en las vergonzosas operaciones como Taula, donde se contaban billetes de 500, se hacían powerpoints para instruir a los cargos sobre el blanqueo de capitales y se alteraban elecciones con dinero poco claro. No actuaba la administración central bajo las órdenes del PP. Pedimos juego limpio a las instituciones y no boicot ni persecución politica, si la hay", ha añadido Mulet.

Así Compromís ha reclamado saber en qué ha cambiado la situación de los ayuntamientos afectados para recibir sanciones después de tres décadas siguiendo esta práctica, si desde la administración sancionadora se había enviado a los afectados algún apercibimiento previo a la sanción de que estaban cometiendo alguna infracción; saber por qué motivos las denuncias han sido selectivas y por provincias, si existen otras provincias españolas afectadas por la misma situación y por qué los responsables consintieron esta supuesta situación de ilegalidad durante tantos años hasta el inicio de la presente legislatura.