Catarroja admite que incumplió la ley con el contrato del centro de especialidades
El Ayuntamiento de Catarroja, en un informe de su secretaria municipal, ha reconocido que incumplió la ley al formalizar el contrato de alquiler del centro de especialidades médicas, y en ello se ha basado para anular ahora este contrato en un pleno y dejar de pagar el alquiler a partir del 1 de marzo, a sabiendas además, como se señala en el propio informe, de que se tendrá que indemnizar por ello a los propietarios del local. El grupo municipal socialista, que ya denunció y pidió que se solucionara este asunto hace tiempo, exige ahora “que se abra un expediente para depurar responsabilidades por este hecho inaceptable y que todos los culpables paguen por la ilegalidad cometida y compensen al Ayuntamiento por el perjuicio económico e institucional causado”.
En su informe para proponer la anulación del contrato del centro de especialidades, la secretaria municipal dice textualmente que “se aprecian notorios motivos de nulidad de pleno derecho por vulneración del artículo 62.1.e de la Ley 30/92”, es decir, que se formalizó dicho contrato “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”.
Asimismo, en dicho informe, la funcionaria habilitada nacional indica que el Ayuntamiento habrá de “determinar la indemnización que pueda corresponder al interesado para que en el acuerdo por el que se declara la nulidad se establezca el importe de la misma”, es decir, que tendrá que indemnizar a los propietarios del local por la anulación del contrato de alquiler y habrá de establecer la cantidad de dinero a pagar.
Responsabilidades y consecuencias
El portavoz socialista, Alberto Gradolí, ha señalado que “al final, el gobierno municipal del PP ha admitido que estaba cometiendo una ilegalidad y ha rectificado, aunque debería haberlo hecho antes, en julio del pasado año, cuando lo denunciamos y exigimos que lo solucionaran pero no nos hicieron caso”. Gradolí ha advertido además que “ahora, la alcaldesa, Soledad Ramón, tendrá que establecer de inmediato quiénes han sido responsables de la ilegalidad, tanto por acción como por omisión, y hacer que asuman todos y cada uno de ellos las consecuencias disciplinarias, indemnizatorias y políticas correspondientes, porque, si no lo hace, exigiremos su dimisión y llevaremos el caso al Tribunal de Cuentas”.
