Vox quiere levantar otra cruz en el Parque Ribalta de Castellón tras la sentencia

Tras la sentencia que declara nulo el decreto de retirada de la Cruz del Parque Ribalta de Castellón, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que los de Abascal propondrán a su socio de gobierno, el Partido Popular, reponer una cruz en el parque Ribalta “en memoria de todas las víctimas de la violencia”.

“El deber del gobierno municipal tiene que ser colocar de nuevo una cruz en el sitio del que nunca debió salir”, ha argumentado el edil.

El portavoz de Vox también ha hecho referencia al punto 70 del pacto de gobierno, en el que se acordó entre los dos grupos “colocar en un lugar relevante de la ciudad una escultura o monumento que honre la memoria y mantenga el recuerdo a las víctimas de la violencia”. En este sentido, Ortolá ha indicado que “dado que desde Vox se ha demostrado en los tribunales que la retirada de la Cruz de Ribalta fue ilegal, creemos que lo más adecuado es colocar de nuevo una cruz”.

El PP recuerda el pacto para levantar un monumento "a las víctimas de la violencia"

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento de Castellón no va a presentar recurso a la sentencia“porque lo que dice la sentencia es exactamente lo que nosotros pensábamos, y ya lo dijimos en sucesivos plenarios del ayuntamiento”.

Además, el edil ha querido recordar que “lo que tenemos previsto en el punto 70 del acuerdo de gobierno del Partido Popular y Vox es ubicar en un lugar relevante de la ciudad, una escultura o un monumento, que recupere y honre la memoria y mantenga el recuerdo a las víctimas de la violencia, tal y como estableció ya el acuerdo municipal aprobado en los primeros años de la democracia y que el anterior gobierno quitó del Ribalta”.

El también concejal de Patrimonio también ha querido añadir que “tenemos que decidir cuál es la mejor ubicación, qué tipo de monumento, pero en cualquier caso, sí que queremos recuperar ese monumento y ese recuerdo a las víctimas de la violencia que el anterior gobierno, de forma arbitraria, quitó”.

Vicent Sales también ha hecho hincapié en que “la cruz que había en el Parque Ribalta no es propiedad del Ayuntamiento, es propiedad del obispado y está ubicada en una iglesia, en este caso en la parroquia de Santo Tomás”.

El PSOE cree que de no actuar se estaría prevaricando

Por su parte, el portavoz adjunto socialista, José Luis López, argumenta que se tomó la decisión para aplicar el artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica y el artículo 29 de la Ley 14/2017 del 10 de noviembre de Memoria Democrática y que otra decisión “nos hubiese llevado a una posible prevaricación”.

José Luis López ha señalado que, “como no puede ser de otra manera, respetamos la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, pero habrá por supuesto que esperar a que la sentencia sea firme ya que cabe recurso por parte del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló y la Confederación Intersindical Valenciana”.

"Este nuevo fallo, distinto a otros autos anteriores, pone en cuestión que el traslado de este monumento de origen franquista se justifique en las leyes de memoria democrática, pero no dicen en ningún momento que el ayuntamiento pudiese actuar en la reordenación del parque”, defiende López.

De hecho, en la sentencia “queda claro que no existe desviación de poder ni vulnera el derecho fundamental que es la libertad religiosa, sino que estamos ante una actuación municipal que se ha llevado a cabo en el ejercicio de sus competencias”, aunque en este caso explicando el TSJCV que fue una decisión “bajo una errónea interpretación de un precepto legal”.

¿Qué dice la sentencia?

El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha declarado nula la retirada de la cruz con el decreto que se ampara en la Ley de Memoria Democrática al considerar que el lábaro está desprovisto de significación política tras su resignificación de 1979.

La sentencia no ve un delito contra la libertad religiosa, como alegaban los demandantes, pero sí considera que la actuación municipal se desarrolló con una "errónea interpretación" de la Ley de Memoria, según la cual, considera la sala, no tendría cabida la retirada. Así, el problema no sería la retirada de la cruz, sino hacerlo al amparo de esta ley.

El debate sobre la Cruz

El Ayuntamiento de PSOE-Compromís-Podem insistió en que lo hacía en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, al constar este homenaje en el catálogo de vestigios de la dictadura franquista, ya que la Cruz de los Caídos de Castellón fue erigida en plena posguerra, instalada en este céntrico parque en el año 1947 para recordar a los caídos del bando franquista.

Sin embargo, los partidos de la derecha argumentaban que el conjunto de la Cruz de los Caídos fue resignificado y desprovisto de símbolos de la dictadura mediante un acuerdo plenario del ayuntamiento de 1979, ya en democracia.

No obstante, desde el consistorio la regidora Verónica Ruiz afirmaba que el monumento “aún provoca confrontación” ya que consideraba que se seguían produciendo exaltaciones del fascismo cada 20 de noviembre, efeméride de la muerte de Francisco Franco.

Sin embargo, la sentencia dirime esta cuestión señalando que "aunque la parte demandada alega que es un punto de encuentro o lugar de concentraciones para exaltar el franquismo en fechas concretas, ello no es motivo suficiente para vincular dicho símbolo como signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, ya que (...) habría que valorar la existencia de elemento objetivo de la cruz, como seria la inscripción de personas fallecidas o inscripción sobre la cruz, símbolos que en el presente caso no existen".

Actualmente, el lábaro descansa tras su traslado en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva de Rafalafena y el espacio que ocupaba ha recuperado el jardín original de 1926.