PSPV y Compromís presentan una declaración institucional pidiendo al Gobierno la bajada de la presión fiscal al sector cerámico
Los grupos políticos de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, integrantes del equipo de gobierno, han presentado una declaración institucional de cara a la celebración del próximo pleno del día 27 de octubre en la cual se traslada, al Gobierno Central, el malestar del Ayuntamiento de Castellón por el incremento de la presión fiscal al sector cerámico, a través del Impuesto sobre sociedades, y se pide, al presidente del Gobierno en funciones, que vuelva a establecer un tipo del 12% en el Impuesto sobre sociedades.
La declaración recuerda que el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que reforma el pago fraccionado del Impuesto sobre sociedades, que pasa del 12% actual al 23%, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más. El decreto-ley establece un tipo mínimo del 23% para aquellas empresas que facturan más de 10 millones de euros anuales y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
Los representantes del PSPV y Compromís lamentan que «esta medida se aplica en un momento en el cual los ingresos por pago fraccionado de las empresas están cayendo más del 50% como consecuencia de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016 y por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados». En la práctica, esta medida supone aumentar la fiscalidad de las grandes empresas, «pero tendrá efectos en una industria especialmente sensible cómo es la cerámica, que sufre las incertidumbres por la evolución del dumping chino y el Brexit. Además, el sector ha visto cómo se reducía la revisión de la retribución a la cogeneración en un 24%, que se une a efectos de la tasa del gas impuesta por el Gobierno» han explicado.
En último lugar, desde el grupo socialista y de Compromís también recuerdan que los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos, han reaccionado contra la iniciativa del Gobierno, al considerar que puede afectar a la ocupación y la inversión, «de aquí la necesidad que el Gobierno Central retiro esta medida» han concluido.
