El concejal de Movilidad de Castellón ha conocido esta mañana que acumula 29 sanciones de la zona azul, no 134 como le acusa el PSOE

Las sanciones de la zona azul no abonadas por parte del concejal de Movilidad de Castellón, Cristian Ramírez, han dado mucho que hablar.

El primero en denunciar esta situación ha sido el PSOE durante el pleno municipal del Ayuntamiento. Jorge Ribes afirmaba que Ramírez habría acumulado presuntamente durante el último año 167 sanciones por aparcar de forma irregular en la zona azul de la capital de la Plana.

Según los datos obtenidos por los socialistas, del total de 167 multas, 34 estarían pagadas a razón de 5,25 euros, y 134 sin pagar.

Aunque el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha respondido casi de forma inmediata que  “no hay constancia de estas acusaciones ni se le ha notificado ninguna multa”, poco después el Ayuntamiento de Castellón ha emitido una nota de prensa, también, con declaraciones de Sales para explicar que Ramírez, ha mantenido hoy una reunión en la Oficina de Recaudación con el fin de conocer de primera mano el alcance real de la denuncia del PSOE y "allí se le han notificado un total de 29 sanciones que el edil ha conocido en ese mismo momento, dado que no le habían sido notificadas, estando algunas de ellas incluso en periodo voluntario de pago".

A continuación, Ramírez ha procedido a abonar el importe "cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas como cualquier otro castellonense y liquidando cualquier deuda con la Oficina de Recaudación municipal", según la misma nota del ayuntamiento.

Cruce de acusaciones entre PP y PSOE

Si bien el edil socialista ha asegurado que “estamos ante un escándalo mayúsculo, porque hablamos nada menos que del concejal de Movilidad, el que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas”, desde el PP, Vicent Sales afirma que 

“Además de mentir, una vez más, siguiendo el manual de su jefe de filas Pedro Sánchez, lo grave es la filtración de datos personales, algo taxativamente prohibido por la Ley de protección de datos, así como la publicidad que el PSOE ha hecho con datos falsos para ensuciar el honor del concejal de movilidad”. 

Así, Sales ha anunciado que “se va iniciar una investigación para ver de dónde ha salido este información. Lo que sí sabemos es que estamos ante dos presuntos delitos: uno por filtración de datos confidenciales y otro por hacer públicos esos datos, como se ha hecho hoy en sesión plenaria”.

“El concejal se reserva el derecho de emprender acciones legales a título personal”, insiste Sales.

El portavoz del gobierno también ha comentado que “por la información que manejamos, tampoco ha habido ningún embargo en la cuenta del concejal de Movilidad por ningún tipo de impago como podría haberse hecho a tenor de los hechos que difunden los socialistas”. 

“Estos hechos forman parte de la campaña de acoso y derribo contra el concejal de Movilidad, para tapar las vergüenzas del PSOE”, apunta.

“Los socialistas están intentando desviar el foco del escándalo mayúsculo que son los 130.000 euros que la senadora y exalcaldesa socialista Amparo Marco dejó como agujero en el bolsillo de los castellonenses, con el encargo de una escultura que retrataba a uno de los fichajes estrella de la lista socialista y que pretendía instalar en pleno centro de la ciudad”, ha recordado. 

Otro frente contra Ramírez

Así, continúa la guerra abierta de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la ciudad, con un nuevo frente que se suma a la denuncia contra el mismo Ramírez por las pintadas de ‘Currupsoe’ aparecidas durante la jornada electoral o la polémica por la estatua de un pregonero con la cara de un candidato socialista.

Al mismo tiempo, Sales enmarca estas acusaciones contra Ramírez en “una campaña de acoso y derribo contra el concejal de Movilidad para tapar las vergüenzas del PSOE”.