Una protesta vecinal paraliza las obras de la avenida de Lidón de Castelló

Arranca la segunda fase de las obras de la avenida Lidón de Castelló y con ella las movilizaciones vecinales. Este viernes una treintena de vecinos se ha plantado ante las máquinas para paralizar la reforma del vial a la altura de la rotonda de la ronda norte.

“El jueves por la noche decidimos dar un paso más y manifestarnos en las obras”, explica Victoria Amores, representante de la Asociación de Vecinos de Rafalafena, que advierte de que las manifestaciones continuarán “todos los días de lunes a viernes”.

Así, pretenden parar las obras 20 minutos cada mañana, para mostrar su descontento por un proyecto de reforma con el que se muestran en contra y en el cual denuncian que no ha habido participación ciudadana.

Los vecinos de la asociación, además, aún tienen esperanzas en que su denuncia ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sea fructífera y se rechace este proyecto que está cofinanciado con los fondos europeos.

La semana pasada se conoció el primero de los informes de ese proceso, el de la Comisión Europea, la institución encargada de repartir los fondos europeos, que elaboró este documento a instancia del Comité de peticiones.

Un informe con el que la Comisión da la razón al Ayuntamiento y avala el proyecto al considerar que cumple con los objetivos de descarbonización europeos al cortar al tráfico una de las entradas a la ciudad.

Además, se argumenta que el proyecto ha cumplido con el plan de participación pública en todas sus fases. Un argumento que Amores asegura que “desmontarán punto por punto” entregando más documentación que certifique la ausencia de reuniones del Ayuntamiento con los vecinos.

Así, este mes de mayo los vecinos enviarán más documentación a Bruselas, paso previo a las declaraciones telemáticas que harán ambas partes ante el Parlamento Europeo para dar sus opiniones al respecto.

Desde la asociación explican que “un dictamen negativo sería vinculante porque las obras están cofinanciadas con fondos europeos” por lo que “afectaría al pago de la financiación comunitaria”.

Así, si la Unión Europea decidiese retirar su participación del proyecto, el Ayuntamiento debería costearlo íntegramente, haciéndose cargo de la suma de 3’3 millones de euros con la que está presupuestado.