Podem-EUPV critica el veto de la oposición a la declaración institucional contra los fondos buitre
La confluencia critica que PP, Ciudadanos y VOX se nieguen a reivindicar políticas de vivienda “avanzadas como se hacen desde hace años en países del centro y norte de Europa”
El grupo municipal de Podem-EUPV en el Ayuntamiento de Castelló lamenta el veto de los grupos de oposición a la declaración institucional que había promovido junto al PSPV y Compromís para el Pleno de este jueves contra el impacto de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario de la ciudad, especialmente en la zona del Raval Universitari
La confluencia sostiene que PP, Ciudadanos y VOX han rechazado secundar su iniciativa esgrimiendo “la libertad de mercado” y critica que los partidos de la oposición se nieguen a reivindicar medidas de vivienda “avanzadas como se hacen desde hace años en países del centro y norte de Europa”, donde hay políticas “de regulación de los precios del alquiler o de contención ante subidas del alquiler, como en Alemania, Austria o Dinamarca”. Podem-EUPV afirma que estas sociedades de inversión han entrado en la ciudad, especialmente en el Raval, donde han adquirido vivienda de protección oficial tras perder su calificación. Según denuncian colectivos ciudadanos como la PAH o el Sindicato de Inquilinos de Castelló, en el Raval “se están dando procesos de vaciado de viviendas, desplazamiento de inquilinos e incrementos de precios de entre el 50% y 60%”, afirma Podem-EUPV.
En la declaración institucional, los partidos del Acord de Fadrell instaban al Consell a desarrollar de manera urgente la Ley de Función Social de la Vivienda, “especialmente en lo que se refiere a la vivienda vacía y en desuso en manos de grandes propietarios, que contempla mecanismos de inspección y sanción”. También emplazaban al Gobierno central a desarrollar mecanismos de regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas por “espirales inflacionistas”.
Derogación Ley Montoro
Podem-EUPV reprocha a los grupos de la oposición a otra declaración del Acord de Fadrell que apremiaba al Gobierno a derogar la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Subraya que esta normativa, conocida como Ley Montor, afecta a la autonomía municipal y constriñe las inversiones municipales y frena la reposición de la plantilla de funcionarios.
