El concejal de Movilidad de Castellón paga 2.000 euros en multas de la zona azul y admite al menos nueve sanciones siendo ya edil

El edil de Movilidad de Castellón, Cristian Ramírez, admite al menos nueve multas por estacionar indebidamente en la zona azul siendo ya concejal y por el momento no se plantea dimitir. Así lo ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, quien ha asegurado que “no está sobre la mesa su dimisión”, aunque, eso sí, considera que “estas situaciones no pueden permitirse ocupando el puesto de concejal”, ya que “estéticamente no es correcto y tenemos que ser ejemplares”.

Sales ha afirmado que ha sido este mismo miércoles cuando le han sido notificadas a Ramírez estas 9 multas, todas por estacionar mal durante el último verano, justo el mismo día en el que el concejal socialista Jorge Ribes denunciaba ante el pleno que el actual edil popular acumulaba 167 sanciones por aparcar mal en la zona azul en solo un año.

Las nueve notificadas ayer estaban en periodo de pago voluntario (a 40 euros cada una) pero, tras dirigirse a la Oficina de Recaudación comprobó que acumulaba otras 20 multas impagadas ya en periodo ejecutivo (a 80 euros cada una más intereses de demora) de entre los años 2019 y 2022. En total, este miércoles habría tenido que abonar alrededor de 2.000 euros en multas, ha explicado el portavoz municipal.

Según Sales no constarían más sanciones en el sistema, pero hay que recordar que el PSOE denunció que, según los datos que ofrece la aplicación ‘Oracar’ para gestionar la zona azul, en solo un año (desde el 1 de febrero de 2023 a este mismo 30 de enero de 2024) el vehículo de Ramírez estaría acumulando 167 sanciones, de las que una treintena habrían sido anuladas y otra treintena pagadas este mismo miércoles.

Queda la duda de saber el estado del centenar de sanciones restantes que no han sido anuladas, que bien podrían estar ya pagadas, bien en tramitación o incluso tratarse de duplicidades en algunos casos. Hay que recordar que la ORA permite anular las multas si se paga una tase de 5’2 euros en las dos horas siguientes a la infracción. Si no se hace, el Ayuntamiento ya pasa a iniciar un expediente sancionador por 40 euros.

En cualquier caso, las 9 últimas multas recibidas son de verano de 2023, mientras que en el PSOE asegura que la aplicación contempla que las sanciones continuaron durante los siguientes meses, e incluso hasta este martes a las 9.45 horas de la mañana, un día antes de que la polémica estallara.

Por su parte, Ramírez habría justificado ante el equipo de gobierno que estos aparcamientos indebidos se deben a que su domicilio se encuentra en una calle en zona azul y sin estacionamiento vecinal de zona verde, por lo que intentaría aprovechar los márgenes horarios gratuitos cometiendo despistes que habrían causado estas sanciones continuas. Además, admite un problema con las notificaciones al tener un coche de renting, con lo que las multas no llegarían a su domicilio sino a Santander y Boadilla del Monte, donde se ubica la sede social de los propietarios del vehículo.

Un “agujero” en la aplicación

Toda esta información ha podido difundir gracias a un “agujero” de seguridad en la aplicación Oracar, que utiliza la zona azul de la ciudad complementariamente a la nueva, gestionada por la empresa Easypark.

La brecha, que permitía conocer todas las sanciones de cualquier vehículo introduciendo su matrícula, ha sido bloqueado de urgencia este mismo miércoles, por lo que ya no es posible ver esta información en la app.

Por ello, Ramírez ha anunciado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por la presunta vulneración de su intimidad. Asimismo, desde el equipo de gobierno se ha explicado que estudia acciones legales directamente contra el propio Ribes por difundir esta información públicamente.

Una guerra abierta entre PSOE y PP

“Es el último capítulo de la cacería contra el concejal”, ha calificado a esta polémica Sales, que cree que la guerra se habría iniciado por la denuncia popular contra el socialista Ribes cuando gobernaba por “repartir tarjetas de transporte gratuito entre su pareja y amigos”.

Así, continúa la guerra abierta de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la ciudad, con un nuevo frente que se suma a la denuncia contra el mismo Ramírez por las pintadas de ‘Currupsoe’ aparecidas durante la jornada electoral o la polémica por la estatua de un pregonero con la cara de un candidato socialista.

El PSOE y Compromís piden su dimisión

Por su parte, los socialistas han presentado por registro municipal un escrito para que se investigue si Ramírez, presuntamente ha podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, señala que “la ciudadanía tiene que saber si un cargo público del ayuntamiento, el edil del PP Cristian Ramírez, lleva presuntamente aparcando día tras día sin sacar el tíquet correspondiente en la zona azul y, lo que sería más grave, acumulando multa tras multa, dejando de pagar presuntamente la mayor parte de ellas a las arcas municipales”.

Para la portavoz socialista, “solo el hecho de que ayer ya reconociese de forma oficial estas casi 30 multas sin pagar es un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable”, asevera Puerta.

Además, según explica Puerta, el propio Ramírez lleva en el coche la tarjeta verde, que permite a residentes aparcar de forma gratuita en determinadas calles, pero “esa tarjeta no le daba derecho a aparcar en la calle donde se le ponen las sanciones y, además, está caducada”, recalca Puerta.

También desde Compromís han pedido la dimisión del concejal de movilidad. Su portavoz, Ignasi Garcia, ha señalado que "si él no dimite, la alcaldesa, Begoña Carrasco, debe hacerlo dimitir", porque "no puede ser que el concejal del PP de movilidad sea seguramente el infractor más grande de la zona azul de Castelló".