Carles Mulet: “Ni UE ni Gobierno son ambiciosos en materia de exportaciones ni con las tasas por emisiones de carbono”
"El Gobierno no defiende criterios ambiciosos en materia medioambiental a la hora de afrontar la huella que dejan los productos agroalimentarios que llegan a nuestro país, tal y como reclaman entidades y organizaciones agrarias". El senador Carles Mulet ha mostrado su “decepción” tras conocer que el Estado español se alinea con las previsiones de la Unión Europea de neutralidad climática para el año 2050, “cuando las previsiones del cambio climático son nefastas para nuestra propia economía, línea de costa, viabilidad de los actuales cultivos, etcétera”.
Mulet interpeló al Gobierno si pensaba solicitar a las autoridades europeas (o impulsar dentro de sus competencias) acciones para establecer tasas en las importaciones por las emisiones de carbono y otras partículas contaminantes que conlleva el transporte marítimo que está contribuyendo a acelerar el cambio climático. “Algo justo si tenemos en cuenta que pagamos con impuestos y otros instrumentos para mitigar el cambio climático, pero el que viene de fuera contamina y acelera el cambio climático sin que le cueste nada”, ha valorado.
Por su lado el Gobierno apela a “posibles pérdidas de competitividad debidas a políticas como las descritas, imaginando escenarios en los que las empresas huirían hacia regiones con regulaciones menos estrictas y apuesta en cambio por regulaciones de ajustes de carbono en frontera (BCA en inglés), propuestas muy hipotéticas y de futuro a pesar de la declaración de emergencia climática en la que nos hallamos y que, por el momento está sujeto a nuevos estudios”, ha explicado Mulet.
Situación diferencial con la agricultura
El senador ha recordado que la agricultura valenciana y española están sujetas a severos protocolos que actúan de barrera en países como EEUU, China, Japón, Corea del Sur o Australia y que incluyen desplazamientos, preauditorías, traductores, tratamientos en frío o desplazamiento al Puesto de Inspección Fronterizo (PIF). “Estamos sujetos a controles fitosanitarios muy estrictos, con controles de residuos y medidas ambientales y laborales implementadas, mientras no existe reciprocidad aquí por parte de las autoridades comunitarias, algo que rompe las reglas del juego citrícola, algo que demuestra que ni las autoridades españoles ni las europeas defienden los intereses de los citricultores exportadores, lo que nos deja en una situación de inferioridad e insostenibilidad al relajarse la preferencia comunitaria por las producciones de otros sitios remotos del mundo en situaciones no homologables y sin protocolos”, concluye.
