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CS califica las promesas de alquiler asequible de Sánchez como “políticas de humo y de mentiras”

CS califica las promesas de alquiler asequible de Sánchez como “políticas de humo y de mentiras”
  • Peris: “De las 50.000 viviendas que se han anunciado, 14.000 ya están alquiladas, 15.000 no existen y 21.000 están en manos de la SAREB desde hace más de una década pero nadie quiere”

Ciudadanos (CS) en la Comunidad Valenciana ha calificado las promesas que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en la convención municipalista del PSOE de alquiler asequible como “políticas de humo y de mentiras”. Así lo ha manifestado la presidenta de CS Comunidad Valenciana y síndica en Les Corts Valencianes, Mamen Peris, quien ha señalado que “la Comunidad Valenciana tiene 2.000 viviendas menos en suelo público que cuando empezó el Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

Asimismo, Peris ha explicado que de las 50.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez “14.000 ya están alquiladas, 15.000 ya no existen y 21.000 están en manos de la SAREB desde hace más de una década pero nadie quiere”. Además, ha recordado que “más de 7.000 personas están esperando una vivienda pública”, así como el problema de rehabilitación en que “cientos de viviendas públicas están pendientes de ser rehabilitadas”. “En materia de vivienda la Comunidad Valenciana es un desastre y en vez de avanzar se ha atrasado”, ha subrayado Peris.

“La Comunidad Valenciana tiene un grave problema: La okupación ilegal, somos líderes en okupas y esto sigue siendo uno de los grandes problemas que arrastra el parque público de viviendas. Hemos pasado de 1.027 okupaciones ilegales a 1.270, lo que supone un incremento del 23,66%.  Por mucho que no quieran escucharlo, la ocupación es un motivo de creciente preocupación entre los propietarios y vecino”, ha denunciado la síndica de CS. 

En este sentido, CS ha propuesto  un Plan Autonómico contra la ocupación ilegal para recuperar las viviendas públicas ocupadas ilegalmente y asegurar la devolución de los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios”. “Tolerancia cero contra la okupación ilegal, tanto en viviendas públicas como privadas”, ha señalado.

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