Esquerra Unida Borriana pide presionar a la Unión Europea en la socialización de servicios públicos básicos

Esquerra Unida Burriana plantea al Ayuntamiento a que presente una moción para frenar el procedimiento de notificación de servicios de la Comisión Europea. Esta Directiva europea -todavía en fase de aprobación- “reducirá drásticamente” la capacidad de maniobra de los ayuntamientos para socializar servicios públicos básicos, explican desde la formación.

Tal y como han asegurado en un comunicado, “la Unión Europea ha creado infinidad de regulaciones neoliberales que atentan contra los derechos sociales y los servicios públicos con el objetivo de proteger los intereses de los grandes grupos financieros e industriales europeos”. Una de estas regulaciones, explica la formación, es la Directiva Bolkestein, que después de mucha oposición social entró en vigor el 28 de diciembre de 2009 y que ha dado lugar a otras regulaciones “para allanar más el camino de la liberalización de los servicios”.

En este sentido, los estados miembros están obligados a notificar a la Comisión Europea los proyectos de reglamentaciones técnicas antes de aprobarlos, por ejemplo en el ámbito de los servicios públicos o de la contratación pública. A partir de la fecha de notificación del proyecto, la Directiva fija un período de tres meses durante el cual el Estado miembro no puede adoptar la reglamentación en cuestión, mientras que la Comisión decida cambiarla o bloquearla entre 12 y 18 meses para armonizar el tema dentro de la UE.

En estos últimos, meses, representantes de municipios europeos, entidades sociales y sindicatos han expresado su preocupación por el intento de la Comisión de extender este procedimiento también a los municipios. El Procedimiento de Notificación de Servicio se encuentra en la fase final de negociación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Este procedimiento obligaría a los municipios a informar a la Comisión Europea sobre cualquier nueva disposición reguladora de servicios que quisieran hacer tres meses antes de tomar la decisión, a fin de que la Comisión le dé el visto bueno o la prohíba, si considera que vulnera la Directiva de Servicios.

“Sin duda, obligar a la notificación previa permitiría a la Comisión Europea detener más fácilmente muchas iniciativas municipales progresistas. El borrador del Procedimiento también abre la puerta a permitir que las empresas multinacionales y sus grupos de presión puedan, al igual que la Comisión, oponerse a las medidas notificadas por las autoridades locales”, denuncia Esquerra Unida.

Y añaden: “Si finalmente las instituciones europeas aprueban extender la notificación de servicios a los municipios, provocará retrasos innecesarios en el abordaje de las necesidades sociales y quedarán más limitadas todavía la democracia local y la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo políticas sociales, laborales y ambientales a favor de las clases populares de nuestras ciudades”.

La formación explica que la Comisión podría llegar a prohibir, por ejemplo, crear una empresa pública de agua o de energía, regular los pisos de uso turístico, aplicar medidas para garantizar el derecho efectivo a la vivienda o incluir determinadas cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública: “Asimismo, cabe recordar que, si el procedimiento se aprobara, se estaría contraviniendo el principio de subsidiariedad, así como la obligación de la UE de respetar el autogobierno local, tal y como establece el Tratado de Lisboa”.

Hace tan sólo unos días los “Iaioflautes” de Castellón dieron en mano a los concejales del Ayuntamiento de Burriana la documentación para aprobar una moción contra esta Directiva. Por su parte Izquierda Unida de Burriana ha solicitado por Registro de Entrada que el Pleno envíe una carta a la presidencia austriaca del Consejo de la UE y la Comisión Europea en que se pida la retirada del llamado Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE.

También exigen que se envíe una carta con el mismo fin al gobierno español ya los máximos responsables de los grupos políticos así como a la Federación de Municipios y Provincias para que todos los organismos locales interesados ​​puedan aprobar mociones para detener esta directiva tan restrictiva por los intereses locales.