Burriana, vigilada por tierra y aire: La Policía adquiere nuevos drones
La Policía Local de Burriana amplia la vigilancia con apoyo aéreo mediante la adquisición y uso de drones
La Policía Local de Burriana ha ampliado el apoyo aéreo para aumentar la vigilancia y la seguridad tanto de los entornos urbanos como rurales del municipio. En un esfuerzo del cuerpo policial de la capital de la Plana Baixa por adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades que van surgiendo para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos de Burriana, entre otros medios materiales, la Policía Local ya dispone de dos aeronaves no tripuladas conocidas como drones, con un alcance de dos kilómetros y están dotados de una cámara térmica con zoom que permite obtener imágenes muy nítidas para posteriormente ser analizadas.
Asimismo, la Policía Local de Burriana tiene previsto en los próximos días ampliar la flota de drones con uno de menor envergadura y peso al objeto de poder vigilar con mayor seguridad los entornos urbanos. De esta manera, “vamos a ampliar el servicio de apoyo aéreo de la Policía Local, tanto en servicios concretos como es el de Policía Rural que dispondrá de su propio dron, como servicios de apoyo a otras secciones”, ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz.
De esta forma, los Agentes destinados a la sección de Policía Rural de Burriana realizarán vigilancias en el término rural apoyados por un dron a partir de esta semana, un servicio que se puede acometer gracias a que “uno de estos Agentes ya ha superado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el preceptivo curso que le habilita como piloto de drones y el otro Agente lo obtendrá en las próximas semanas”, ha detallado Ferrándiz.
“Con el servicio de vigilancia aérea, vamos a priorizar la supervisión y control de los vertidos ilegales en todo el término rural”, ha adelantado el concejal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de evitar conductas por personas incívicas que abandonan toda clase de objetos en los caminos y parcelas, y que además de representar una infracción administrativa grave que conlleva multas de 600 a 30.000 euros, puede cometerse un delito contra el medio ambiente tipificado en el código penal con penas de prisión.