Burriana rescindirá el contrato del nuevo instituto tras 7 meses con las obras paradas
El consistorio opta por rescindir el contrato de las obras del Jaume I para volver a licitarlas de nuevo a otra empresa
El Ayuntamiento de Burriana ha decidido dar un paso adelante ante la paralización de la construcción del nuevo instituto Jaume I y llevará la rescisión del contrato con la constructora Acciona al pleno municipal.
Y es que, según indican desde el consistorio, las obras han estado prácticamente paralizadas en los últimos 7 meses, sin apenas avances y casi sin trabajadores en el recinto.
Según ha explicado el regidor de Educación, J.Ramon Monferrer, la idea es llevar al pleno municipal en las próximas dos semanas un acuerdo de rescisión del contrato con la constructora.
“La empresa no tiene voluntad de continuar las obras, no hay apenas actividad y no se hace acopio de material”, explica el concejal, que indica que se ha optado por rescindir el contrato para licitarlo de nuevo cuanto antes a otra empresa y que el tiempo no siga pasando sin que el nuevo edificio avance.
El Ayuntamiento ahora deberá de rehacer el proyecto teniendo en cuenta lo que ya se ha construido y volver a licitar la obra, un proceso que Monferrer cree que podría durar seis meses.
Esto, sumado a los 7 meses de retraso que acumulan las obras y al año de trabajos todavía pendientes por ejecutar, llevaría a tener acabado el centro un curso más tarde de lo previsto, en lugar de entrar los alumnos el próximo verano.
La empresa ha ido a la justicia
La empresa, por su parte, ha presentado un contencioso en los tribunales contra la decisión del pleno municipal, que negó a la empresa la modificación al alza que pedía del presupuesto. La compañía pedía hacer una revisión alegando que el precio de las materias primas había aumentado en los últimos meses.
Sin embargo, el consistorio enmendó las cuentas presentadas por la empresa aduciendo numerosos errores e incluso la duplicación de varias partidas y le recordó que la vía para compensar el aumento de la inflación era otra, mediante un decreto del Gobierno central.
Por otra parte, si el pleno municipal aprueba la rescisión del contrato, la empresa se tendrá que enfrentar a una sanción y las correspondientes penalizaciones por no haber cumplido sus obligaciones en tiempo y forma.
Se trataría, según ha explicado Monferrer, de una situación similar a la que se vivió en el colegio Regina Violant de Almassora, donde el Consell rescindió el contrato adjudicado a la constructora en 2017 cuando esta paró las obras reclamando también un aumento del precio del contrato.
