Botellones y fiestas clandestinas, armas letales en la pandemia
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos endurecen notablemente la cantidad económica de las denuncias para tratar de evitar las aglomeraciones ilegales que se suceden día tras día
La multitud de restricciones y normas nuevas en cuanto a la libertad de las personas han cambiado mucho en los últimos tiempos. Desde que la pandemia del COVID-19 irrumpiera sin avisar en toda España y en el mundo, el día a día ha cambiado.
Tampoco es lo mismo ya la manera de celebrar fiestas o eventos que supongan aglomeraciones, ya que estas son la principal arma que tiene el virus para seguir propagándose sin freno.
Ni los jóvenes ni nadie pueden ir a las discotecas o pubs por el cierre del ocio nocturno, tampoco alargar las cenas o las sobremesas por la limitación de horario en la hostelería, por lo que la solución más factible que encuentran y que se está observando día a día está en los botellones y en las fiestas clandestinas.
Estas suponen una solución para su diversión, pero un peligro real para el resto de la sociedad que sí cumple estrictamente con las normas.
Juntarse en botellones o fiestas en viviendas particulares significa la aglomeración de personas que no conviven juntas, por lo que están incumpliendo de manera total las normas establecidas en la actualidad de la pandemia.
Esto, más allá de suponer el riesgo sanitario evidente porque no hacen ni la mínima intención por frenar la propagación del virus, también conlleva unas consecuencias legales duras. Al estar saltándose las normas por los botellones o las fiestas ilegales, se exponen a las denuncias por ello. Observamos que estas van aumentando con el paso del tiempo y con la detección que cada día son más este tipo de infracciones, por lo que los ayuntamientos y las comunidades autónomas son las que van regulando la subida y la dureza de las consecuencias por desobedecer de esta manera tan evidente las restricciones. Cabe recordar que en España hacer botellón en la vía pública está totalmente prohibido, aunque no existe una norma estatal que la regule y, como indicábamos anteriormente, son las CCAA y los propios ayuntamientos los que deciden la dureza de la sanción económica, llegando a considerar en la actualidad estas infracciones como graves y muy graves.
La norma actual indica claramente que las reuniones multitudinarias están limitadas en gran parte del territorio español a 10 personas, aunque en Madrid o Salamanca se reduce a 6. En comparación con los botellones, rara es la vez que se juntan menos de este número de jóvenes, por lo que es recurrente que caigan en esta práctica que hoy en día es ilegal por dos motivos: el primero por la ilegalidad de beber en la vía pública y el segundo por reunirse con un número mayor de personas de las que permite la norma.
En la inmensa mayoría de los botellones y fiestas clandestinas detectadas por los agentes policiales, el uso de las mascarillas brillaba por su ausencia, ya que los jóvenes estaban en un ambiente festivo y no cumplían con la norma. Incluso va más allá, ya que indican que la temeridad sanitaria es mayor porque muchos de ellos se pasan la botella y beben de la misma. La gravedad reside en poner en riesgo al resto de la población y a los propios participantes en la fiesta.
El régimen sancionar se regula dependiendo de la gravedad de la situación, incluso de la reiteración en las infracciones de un mismo grupo de personas.
Aumentan las sanciones
La Comunidad Valenciana se ha puesto realmente seria en este asunto y ha considerado los botellones como graves, ya que ha regulado las multas por este motivo en el momento actual entre los 601 y los 30.000 euros, según la gravedad. La cosa va a más en el caso que en los botellones estuvieran presentes menores de edad o personas de más de 65 años, lo que aumentaría la sanción hasta llegar incluso a los 60.000 euros, ya que sería una desobediencia muy grave.
En la Comunidad de Madrid, este régimen sancionador suele rondar los 500 euros si se trata de menores de edad y de más de 600 euros si las personas ya son adultas y están haciendo botellón. Alrededor de 100 euros es la multa por no llevar la mascarilla puesta; asciende hasta 3.000 euros en el caso de reuniones de más de seis personas, y alcanza los 600.000 en el caso de tratarse de una fiesta clandestina en la que se ponga en riesgo a un importante número de personas. En todas estas entra el criterio de los agentes a la hora de valorar la gravedad de la situación para imponer un tipo de sanción u otro.
En Cataluña, la sanción en cuanto a los botellones se endurece con el momento actual de la pandemia hasta el punto de oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros, motivado por la prevención ante los contagios.
En Andalucía, si el botellón puede conllevar un contagio de más de 100 personas, se consideraría una infracción muy grave y las sanciones podrían llegar hasta los 600.000 euros. En este mismo territorio, poner en riesgo a más de 15 personas por no llevar correctamente la mascarilla, supondría una denuncia de hasta 3.000 euros.
