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Compromís denuncia la futura subida de un 30% en los recibos de basura

    Tres años y tres meses después de que caducara el contrato de prestación de los Servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza de Espacios Públicos y a dos meses de las elecciones municipales el gobierno local del PP adjudicará en el próximo pleno el contrato con una notoria afectación sobre la ciudadanía de Benidorm. Al menos así lo asegura Compromís por Benidorm.

    Beneyto explica que en la actualidad la prestación del servicio se lleva a cabo por una empresa externa mediante un acuerdo de prórroga «que contiene las referencias económicas y presupuestarias de cada uno de los ejercicios desde 2019 hasta 2023, incluyendo así un incremento de presupuesto por subida del coste de servicio cercano al 30%, pasando de 11.081.737,54 € en 2022 al importe de 13.740.141,89 € correspondiente a 2023, y esa subida revertirá en el bolsillo de todos nosotros».

    El alcaldable ecovalencianista también critica la cuantía del contrato, «más de 362 millones de euros durante 15 años», que considera que todavía será superior dentro de unos años: «Cuando esté terminada la urbanización del plan urbanístico del Armanello dentro de pocos años, al ser mayor el espacio en dar servicio la cantidad variará al alza y entonces el contrato ascenderá a más de 400 millones de euros, incremento que nuevamente repercutirá en toda la población».

    Así Beneyto aconseja que la aprobación prevista en pleno municipal de Benidorm de 27 de marzo se deje sobre la mesa «hasta tener un nuevo informe de la Consellería correspondiente de la Generalitat, puesto que no todos los informes son favorables». «Más allá de que el contrato debería haberse dado en el momento que finalizó y no más de 3 años después de su fin, en el momento en que estamos y visto el aumento de los recibos que deberemos pagar habría que esperar el resultado de las elecciones del 28 de mayo para poder decidir quién gobierne si se adjudican dichos servicios a una empresa privada con la carga que supondría o en su defecto que sea el propio ayuntamiento quien realice el servicio, lo que supondría hacer el trabajo a un precio inferior, ya que el ayuntamiento debe ofrecer un servicio y conseguir un beneficio social, y en el caso de una empresa privada el beneficio se va a los bolsillos de unos pocos», concluyó.

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