El Gobierno no da datos de la red desarticulada que comercializaba fitosanitarios adulterados localizada en Vinaròs, Benicarló y Cabanes
El diputado en el congreso por Compromís, Joan Baldoví, preguntó al Gobierno central por medio de una pregunta escrita al Gobierno, sobre la noticia que se hizo pública en julio pasado que daba cuenta de cómo los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Castellón habian desarticulado una red que comercializaba plaguicidas agrícolas adulterados de forma ilegal en diversas provincias. Se ha detenido a 13 personas e imputado a 10 en todo el país por delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal.
Según estas noticias, La Guardia Civil habría incautado más de 32 toneladas de sustancias activas y productos fitosanitarios ilegales en una actuación llevada a cabo por los agentes del Seprona de Castellón, y el núcleo de la trama se encontraba en la provincia de Castellón, en concreto, en los municipios de Vinaròs, Benicarló y Cabanes, donde ocho vecinos de estas localidades fueron detenidos en una primera fase de la operación, que se inició a raíz de una denuncia de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA). Otras dos personas de la provincia también fueron imputadas más tarde, acusadas de delitos contra la propiedad y contra la salud pública.
Se daba la circunstancia que justamente en Cabanes, en una conocida fábrica de fitosanitarios, es donde se fabricaron precisamente los productos químicos sin licencias y fraudulentos comercializados en el caso Fabra.
Según las noticias publicadas, los miembros de la red adquirían las sustancias activas para la fabricación los fitosanitarios en empresas importadoras de productos químicos y los ocultaban en naves y almacenes clandestinos desde donde los comercializaban y vendían a los agricultores. Los productos eran vendidos en envases sin etiquetado o con la etiqueta manipulada para imitar a los de procedencia legal, a pesar de que no cumplían con las garantías de seguridad requeridas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Por esto se preguntó qué medidas se ha adoptado para comprobar los posibles daños a la salud pública que ha podido ocasionar la distribución de estos productos, qué empresas se han visto implicadas en este caso y qué medidas ha adoptado el Gobierno con posterioridad
Según la respuesta del gobierno, las sustancias activas intervenidas e incautas han sido remitidas al órgano correspondiente de sanidad de la Generalitat. Y evitan dar más datos aduciendo que se está llevando a cabo la correspondiente instrucción por el juzgado competente y por la Guardia Civil, y al encontrase en proceso “sub iudice”, no puede hacerse ningún dato sin autorización judicial, máxime, según el Gobierno, cuando el sumario ha sido declarado secreto.
