El Ayuntamiento modifica la ordenanza reguladora del servicio de agua

El Ayuntamiento de Altea celebró durante la mañana de ayer jueves la sesión plenaria correspondiente al pasado mes de octubre, en el salón de actos del Centro Social de Altea. El primer punto en el orden del día sirvió para la toma de posesión de la nueva edil de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, María Antonia Laviós, que viene a ocupar la vacante que por motivos profesionales abandonó en el equipo de gobierno, Bea González. La nueva edil ostentará las mismas responsabilidades en el equipo de gobierno que llevaba su antecesora, es decir, Participación Ciudadana, Ciudadanos Extranjeros y Altea la Vella.

Otro de los puntos destacados de la sesión plenaria tuvo como objeto dar cumplimiento a un acuerdo plenario de julio de 2014, que comprometía al Ayuntamiento a hacer frente 1.437.000 € por el desequilibrio económico presentado por la UTE Aigües d'Altea, concesionaria del servicio de agua. De esta forma, el Equipo de Gobierno llevaba al Pleno la modificación de la ordenanza reguladora del servicio. Una reforma que contempla una subida del 3,77 % de la recaudación global que no afectará a los tramos más bajos de consumo, y que incluye la creación de un bono social del que se beneficiarán las familias más desfavorecidas de la localidad.

Según el edil de hacienda, Pere Lloret, "a propuesta del Partido Popular, el Pleno de julio de 2014 acordó asumir 1.437.000 € del déficit de explotación que presentaba la UTE, aplicar un 4% sobre esa cantidad y alargar la concesión cinco años más, y se comprometía a hacerlo mediante una subida de tarifas. El Partido Popular no cumplió ese acuerdo y su incumplimiento nos ha llevado a un contencioso con la UTE. Las cifras del desequilibrio son discutibles y, nunca nos pareció correcto que se aceptara aplicar intereses para absorber el déficit, como si estuviéramos tratando de un préstamo, pero así se estableció en el pleno y eso nos ha condicionado totalmente a la hora de negociar con la concesionaria. En cualquier caso, el incremento será inferior al previsto en 2014, que se estimaba en un 5,5%, porque el precio del agua ha bajado y se absorbería la parte de los intereses con los resultados positivos de la explotación. Seguimos hablando con la UTE sobre los déficits de 2014, 2015 y 2016, esta vez en una posición más favorable."

La modificación de la ordenanza, además de la subida de la tarifa, contempla otras acciones como la creación de una tarifa social que tiene por objeto bonificar a aquellas familias más desfavorecidas y que no tengan como pagar el recibo del agua. Un coste que será asumido por el incremento de la tarifa en los tramos más elevados, con el propósito de que sean los que más consumen, los que más paguen.

"Llevamos más de dos años negociando con la UTE, siempre acompañados por técnicos, el tono de discusión es bueno, pero no hemos sido capaces de cerrar una acuerdo que defienda los intereses de los alteanos y no vamos a renunciar a ello", señalaba el Alcalde de Altea, Jaume Llinares, quien apuntaba que "la propuesta que presentamos equilibra el servicio y defiende los intereses de los ciudadanos. Se trata de un acuerdo moderado para no caer en más perjuicios".

Finalmente, la propuesta fue aprobada con los votos favorables de Altea amb Trellat, PSPV-PSOE y Compromís, y los votos en contra de CIPAL y el Partido popular.

En otro de los puntos del Orden del Día, quedaba aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Altea al Código Ético de Turismo Valenciano, que promueve un turismo responsable y sostenible con un amplio respeto al entorno y al medio ambiente.

Según explicaba la edil de Turismo, Anna Alvado, el código se sustenta sobre cuatro pilares básicos como son la administración autonómica, la administración local, las empresas y los turistas. Se trata de un código de buenas prácticas en el que estarán desarrolladas las acciones que cada uno de los agentes deban de seguir para favorecer un turismo sostenible.

En palabras de la responsable de Turismo en el consistorio alteano, "considero que es una buena política la de premiar a los que cumplen con las normas y esto es lo que se propone en este código. Trataremos de premiar con subvenciones a los que lo hagan bien y actúen según estas buenas prácticas", destacó Anna Alvado.