Prisión para 18 miembros de dos clanes de Almassora por tráfico de drogas
Vendían la droga en la playa de Benafeli, en una parada de autobús y en el ambulatorio
La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 18 personas, miembros de dos clanes familiares de Almassora, a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y un año de prisión por traficar con drogas en la zona de la playa de Almassora.
La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, ha acordado además el decomiso de nueve vehículos y dos inmuebles, propiedad de los miembros de los dos clanes, adquiridos con las ganancias procedentes de la venta de las sustancias estupefacientes, así como de diferentes cantidades de dinero intervenido en los domicilios de los penados.
Las investigaciones sobre estas actividades delictivas se iniciaron en mayo de 2018, cuando la Guardia Civil advirtió que se estaban incrementando de forma notable los decomisos de pequeñas cantidades de droga para el autoconsumo, descubiertos gracias a controles policiales en una zona de Almassora.
Los investigadores determinaron que esas sustancias estupefacientes provenían de dos fincas de la zona de la playa de Benafeli de la localidad, gestionadas por dos conocidos clanes familiares especializados en la venta al menudeo.
Durante los seguimientos realizados, los agentes observaron cómo se vendía la droga desde los mismos domicilios, a los que acudían los compradores, o desde otros puntos del municipio, como una parada de autobús o el ambulatorio, donde también se producían intercambios.
Finalmentre, el 6 de julio de 2020 se produjo la entrada y registro en seis inmuebles de Almassora y otros dos de la ciudad de Castellón, donde se localizaron diferentes cantidades de cocaína y marihuana, utensilios para prepararla para su venta, además de dinero en efectivo.
En dos de estos inmuebles se localizó una pantalla de metacrilato en la ventana desde donde se vendía la droga, como medida de seguridad anticovid.
Además de las medidas de seguridad por la pandemia, las viviendas registradas tenían medias de seguridad especiales, como muros de dos metros de altura, puertas acorazadas, rejas o sistemas de videovigilancia. En algunos de los casos, los agentes vieron obligados incluso a acceder al interior practicando butrones en las paredes.
En el marco de la investigación se descubrió que algunos de los procesados adquirieron vehículos y viviendas con pagos al contado pese a que no trabajaban y sus ingresos eran muy inferiores al importe de dichos bienes, lo que constituye según la sentencia un delito de blanqueo de capital. Además, también han sido condenados por un delito contra la salud pública.
