El pleno de Almassora regula nuevas tarjetas de estacionamiento para discapacitados
Evitarán abusos y establecerán espacios eficientes para aparcar
El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento a favor de vehículos que transporten personas con movilidad reducida para evitar “determinados abusos y una gestión poco eficiente de los espacios de estacionamiento”. El texto es fruto del trabajo conjunto entre Servicios Sociales y Policía Local para regular las tarjetas acreditativas y favorecer el aparcamiento a personas con dificultades de movilidad o enfermedades graves.
La tarjeta tendrá tres modalidades: de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida que son conductores o no de un vehículo, de estacionamiento de transporte colectivo para vehículos adaptados que transportan personas con discapacidad y movilidad reducida y de estacionamiento con carácter excepcional y provisional, por razones humanitarias, para las personas que presenten movilidad reducida aunque no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad.
Los titulares de las tarjetas tendrán reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación de la necesidad, en un lugar próximo a su domicilio o puesto de trabajo, estacionamiento en lugares habilitados para personas con discapacidad y en zonas de aparcamiento de tiempo limitado, parada en la vía por motivos justificados y tiempo indispensable y acceso a espacios urbanos con circulación restringida.
La tarjeta será única, personal e intransferible, solo podrá utilizarse en el formato original (en ningún caso fotocopias compulsadas) y quedará expedida a favor de una persona física o jurídica o a la matrícula del vehículo de transporte colectivo. Su uso queda subordinado a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento y condiciones de uso establecidos en la ordenanza que hoy ha modificado el pleno.
El texto reconoce también la posibilidad de retirar la tarjeta por incumplimiento de las condiciones de uso o uso apropiado o ilegal, así como retirar el vehículo en reservas no personalizadas o en espacios que afecten a servicios públicos. Las infracciones están tipificadas como leves, graves o muy graves y llevan aparejadas multas de hasta 1.500 euros.
El departamento de Servicios Sociales será el encargado de tramitar los expedientes de solicitud. Verificará la documentación y el cumplimiento de los requisitos, requiriendo, en su caso, la documentación necesaria para completar la solicitud y emitirá informe favorable o desfavorable. El procedimiento finalizará mediante resolución dictada por la Alcaldía con un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud en el registro, que se reducirá a un mes en el caso de la modalidad 3.
