Las Universidades reclaman instrucciones y recursos para poder ajustarse a la normativa de prácticas estudiantiles

Los 84 vicerrectores con competencias en prácticas estudiantiles, entre ellas la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Alicante, Rosario Ferrer, han remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte para “poner de manifiesto nuestra máxima preocupación por la entrada en vigor con fecha 1 de octubre de la obligación de dar de alta en la seguridad Social a todas las prácticas académicas externas.

Se establece como “obligatoria cotización a la Seguridad Social de todos los y las estudiantes que se encuentren realizando prácticas académicas externas a partir de la fecha de 1 de octubre de 2023”, de acuerdo con la disposición quincuagésima segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

Las universidades consideran que pese a que el RD-Ley 2/2023 establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, “las universidades nos estamos viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas “no remuneradas”, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse”.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, Crue, ya ha venido alertando de forma reiterada, sin éxito, de que muchas de las medidas aprobadas, podrían poner en jaque a la formación práctica en educación superior”, una cuestión que, por otra parte, es vital para la posterior inserción en el mercado laboral de los futuros profesionales. En este sentido ya se pronunció también la rectora de la UA, Amparo Navarro, en la última sesión del Consejo de Gobierno.

En el escrito, las Universidades se quejan de “no haber recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde el Ministerio competente en relación con el procedimiento a seguir”. Y reclaman, por tanto, una moratoria de un año y una serie de recursos para poder afrontar la nueva legislación.