Presentan en el pleno una Declaración Institucional para exigir al Gobierno de España medidas para luchar contra la pobreza energética
Los grupos municipales de equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Guanyar Alacant y Compromís, presentan en el pleno ordinario de diciembre, previsto para mañana, una Declaración Institucional conjunta para instar al Ayuntamiento de Alicante que exija al Gobierno de España que emprenda los mecanismos necesarios para modificar la Ley del Sector Eléctrico, la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, de manera que sean consideradas como coste del sistema eléctrico las medidas de apoyo a los "consumidores vulnerables", categoría definida en diferentes directrices de la Unión Europea. Así, la Ley tendrá que establecer un mínimo vital para evitar el corte de suministro de las familias que no puedan pagar los recibos de luz por motivos económicos.
La pobreza energética --entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua-- afecta a más de 11 millones de personas, según el estudio Pobreza energética en España. Análisis de tendencias de la Asociación de Ciencias Ambientales (2012). De acuerdo con estos mismos datos, alrededor de 4 millones de personas no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares en invierno y el 17% de los hogares, cerca de 7 millones, tienen unos gastos desproporcionados en el pago de las facturas de energía doméstica –, hace necesario que los poderes públicos promuevan unas condiciones y normas que hagan efectivo este derecho perdido que incumple numerosos compromisos internacionales asumidos, tanto por el Estado español, como por la propia Generalitat Valenciana.
La Declaración Institucional solicita, además, que se elimine el impuesto sobre la electricidad y se aplique en las facturas un IVA super reducido del 4% o reducido del 10%. Por último, se propone que el Ayuntamiento de Alicante inste a las Administraciones Autonómica y Estatal para que, mientras se modifica la Ley del Sector Eléctrico de manera urgente, se busquen y establezcan medidas para que no se corte el suministro eléctrico a las familias en situación de vulnerabilidad económica, especialmente en invierno y verano. Tal y como se argumenta en la Declaración Institucional, una de las causas de la pobreza energética es el altísimo coste de las facturas debido a la subida del precio de la luz de más de un 80% en los últimos años y a la aplicación de impuestos excesivos, uno de los más altos de la Unión Europea, y cuya recaudación se estima en unos 1.400 millones de euros.
Ante el abandono del concepto de servicio público y la falta de una adecuada planificación por parte del Estado, los grupos municipales del gobierno municipal denuncian "los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas, las subvenciones encubiertas, los errores de inversión que son soportados por los consumidores, las retribuciones extra, los fallos de regulación y la dejadez en la función de control por parte de las Administraciones Públicas, que incluye las puertas giratorias de políticos –-ex presidentes del Gobierno y ex ministros de Hacienda –, además de la manipulación fraudulenta de los mercados o las altas retribuciones de los miembros de los consejos de administración de las empresas", por citar algunos ejemplos, apuntan en el documento.
La Generalitat Valenciana afronta la pobreza energética mediante la atención de las ayudas sociales, pero son los Ayuntamientos los que soportan a cargo de su presupuesto la mayor parte de las ayudas que se tramitan y, claramente, no puede hacerse cargo del coste de todas las facturas de las personas vulnerables económicamente. Es el Estado, --aseguran desde Guanyar Alacant y Compromís--, el que ha de aprobar leyes para luchar contra la pobreza energética, ya que son muchas las Comunidades Autónomas que lo han intentado y han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional por la presunta invasión de competencias que pertenecen al Estado.
Por todo ello, teniendo en cuenta el superávit del sistema eléctrico y que se contemplan mecanismos de solidaridad para determinados consumidores, "los fondos para los clientes vulnerables pueden ser soportados perfectamente por el sistema eléctrico, de modo que estos no recaigan en un sobrecoste en nuestras facturas eléctricas, concluyen los grupos municipales".
