Podemos Alicante reclama servicios en las partidas rurales
La formación municipal recuerda que en las pedanías de Alicante viven censadas 8.000 personas con acceso irregular e insuficiente a los servicios básicos de prestación obligatoria por el Ayuntamiento, entre ellas más de un millar sin agua potable en sus casas, además de decenas de calles públicas todavía sin asfaltar y en estado deplorable tras las lluvias torrenciales de hace quince meses. El proyecto de reparación de estos caminos, con cargo a la Generalitat y gestionado por el anterior tripartito, sigue sin ejecutarse quince meses después. Tampoco se ha instalado la fuente inteligente en El Moralet, la pedanía más afectada por la falta de acceso al agua potable, a pesar de incluirse en los presupuestos de Aguas de Alicante del año pasado.
En espera también se encuentra la implantación del taxi a demanda, anunciada por el Ayuntamiento en 2015 y que por diversos problemas técnicos y burocráticos no está en funcionamiento todavía. Actualmente solo cuatro partidas rurales disponen de transporte público, quedándose sin este servicio más de 2.000 personas. La última fecha facilitada por el consistorio para su lanzamiento fue marzo de este año para la publicación de la página web donde deberían inscribirse los usuarios del taxi rural y abril para el inicio del servicio. A finales de junio (tres años después del primer anuncio), el transporte público brilla por su ausencia.
Podemos Alicante recuerda que el Ayuntamiento tiene obligación de prestar diversos servicios básicos para una adecuada calidad de vida según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que en el caso de Alicante incluyen el abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público, pavimentación de vías públicas, alcantarillado, parques públicos, instalaciones deportivas, transporte colectivo, etc. Estos servicios obligatorios son un derecho de los residentes que en el caso de las partidas rurales se está infringiendo.
Además, la organización política recuerda que el colegio de La Cañada, en barracones desde hace trece años, no ha empezado aun las obras, cuyo inicio estaba previsto en la segunda mitad de 2017. La construcción es competencia del Ayuntamiento tras la adopción del plan Edificant. Ni siquiera se ha licitado todavía la obra del colector de aguas residuales que Conselleria exigió para la parcela del nuevo colegio. Actualmente en el centro, con capacidad para 70 personas, hay 180 niños matriculados en nueve aulas prefabricadas con una fosa séptica en el centro del patio de un tercio de la capacidad. El aumento de la matrícula de los últimos años ha obligado al centro a prescindir del aula de informática y la biblioteca para poder habilitar dos desdobles.
Por último, instan al Ayuntamiento a mediar en las negociaciones de los vecinos con la Generalitat para que no se conceda una autorización ambiental integrada a la mercantil Abornasa para la instalación de un macrovertedero en Fontcalent.
