El equipo de gobierno reclama que se introduzcan cambios legales para que la ocupación ilegal de viviendas se resuelva en 48 horas
De España y Sánchez recuerdan que hace seis meses ya pidieron al Gobierno y Consell medidas urgentes y tras constatar que no se ha hecho nada y el problema se agrava exigen que este delito pase de castigarse con multa a prisión de uno a tres años
Las portavoces de los grupos Popular, Mari Carmen de España, y Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han presentado una Declaración Institucional conjunta para ser debatida en el próximo pleno ordinario por la que se reclaman cambios legislativos que permitan el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente en el plazo máximo de 48 horas.
En la exposición de motivos de esta DI se explica que en los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, privan de su derecho a la propiedad a los titulares de viviendas ocupándolas ilegalmente.
Para los dos grupos políticos que respaldan esta Declaración Institucional conjunta, aunque es necesario distinguir entre las ocupaciones ilegales que llevan a cabo individuos o grupos de delincuencia organizada y las realizadas por grupos antisistema, en ambos casos, la “okupación” es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y contra el que hay que luchar en defensa de la ley.
Tras dejar constancia de que la práctica de la ocupación ilegal de viviendas no hace más que crecer y que en el caso de la provincia de Alicante en los últimos cinco años las cifras se han duplicado, pasando de 247 casos en 2015 a 419 en 2019, De España y Sánchez recuerdan que el pasado mes de febrero fue aprobada por este Pleno una Declaración Institucional por medio de la cual se solicitaba al Consell que instase al Gobierno de España a agilizar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas y a reformar el Código Penal y toda la legislación afectadas con este mismo fin.
Medio año después y tras haberse desoído esta reclamación, los grupos Popular y Ciudadanos plantean de nuevo en su Declaración Institucional que se reforme el Código Penal reforzando la pena del delito de usurpación, para que el mismo pase de multa a privación de libertad de uno a tres años. También se reclaman cambios legales para que el desalojo de los pisos se haga efectivo en el plazo máximo de 48 horas y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que la ocupación ilegal no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal. Además, se pide cambiar la Ley de propiedad Horizontal con el fin de legitimar a las comunidades de propietarios para emprender acciones legales, en caso de que se desconozca el propietario o éste no comparezca y cuando se constaten amenazas para la seguridad y la convivencia derivadas de estos casos de ocupación. Asimismo, se plantea la reforma del Código Penal para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente y potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autonómica, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
