COCEMFE Alicante se adhiere al manifiesto de CEMUDIS por el 25N
Hoy, 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un año más, alzamos la voz contra cualquier tipo de agresión a las mujeres por el mero hecho de serlo. Un año más, nos rebelamos ante las violencias que atraviesan todos los ámbitos de nuestras vidas. Este 2021 han sido asesinadas 56 mujeres por sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Sin embargo, se han registrado 70 feminicidios y asesinatos de mujeres en España en 2021. Todavía hoy siguen sin cuantificarse esos 14 asesinatos que no están calificados como violencia de género en las estadísticas oficiales. Hoy también tenemos presente a las 21 personas menores de edad que han quedado huérfanas a consecuencia de un asesinato machista. Así mismo, no nos olvidamos de que, según cifras oficiales, 5 personas menores han sido asesinadas a manos de sus padres, lo que conocemos como violencia vicaria.
La violencia de género es una de las más graves violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas en el mundo, todavía existen grandes lagunas en la sensibilización, información y formación general al respecto, especialmente en el caso de mujeres y niñas con discapacidad.
Según datos recogidos en el Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea (2003-2009), “casi el 80% de las mujeres con discapacidad vive violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de vivir violencia sexual”.
Atendiendo a los resultados del Estudio Social y Laboral de las Mujeres con Discapacidad en España llevado a cabo por CEMUDIS durante el periodo de 2018 a 2020 el 27,4% de las mujeres con discapacidad ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Estos datos implican que una de cada cuatro mujeres con discapacidad ha pasado por situaciones de violencia.
Las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de mayor discriminación: por el hecho de ser mujeres y por tener discapacidad, por el entorno en el que se desenvuelven, su etnia, etc. Además, la prevalencia de la violencia es siempre mayor en mujeres con discapacidad que en mujeres sin discapacidad.
Según la Macro encuesta sobre Mujer, Discapacidad y Violencia, llevada a cabo por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y publicada en 2020, el 71% de las participantes de la encuesta afirmó haber vivido violencia de género en algún momento de su vida.
Este año se conmemoran los 10 años de la creación del Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, en el que se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave para su prevención.
No queremos perpetuar esta lacra cuyos efectos sesgan la vida de millones de mujeres en el mundo.
A las diferentes formas de violencia que se ejercen contra las mujeres a lo largo del mundo, también se unen circunstancias que hacen que la discriminación aumente. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad es la brecha digital. Siguiendo de nuevo el Estudio Social y Laboral de las Mujeres con Discapacidad en España elaborado por CEMUDIS el 5,4% de las mujeres con discapacidad no tiene ningún conocimiento sobre las nuevas tecnologías mientras que el 40,6% de estas mujeres dicen tener el denominado conocimiento de “usuaria”.
En este sentido, es imprescindible una accesibilidad integral para la plena inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad en la sociedad e invertir en la alfabetización digital como herramienta para facilitar el acceso al conocimiento y al ejercicio de sus derechos. De igual manera, hay que fomentar un uso seguro de las nuevas tecnologías, que repercuta en un menor impacto de la violencia digital, cada vez más presente. Es urgente, por tanto, paliar esta brecha digital recientemente acentuada por la pandemia de la COVID-19.
Así mismo y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad por malnutrición, falta de acceso a la educación y atención de salud, o condiciones inseguras de trabajo, entre otras. A su vez, la discapacidad puede elevar el riesgo de pobreza derivada de la falta de oportunidades de acceso a la formación, empleo, de salarios más bajos y costo de vida más alto por la discapacidad. En este sentido, la especial dificultad de acceso y de un recorrido continuado dentro del mercado laboral de las mujeres con discapacidad, tiene efectos directos sobre su autonomía, su situación económica, muy visible por ejemplo en el ámbito de las pensiones.
La variable género aquí es indispensable para entender el diferente impacto y vulnerabilidad de las mujeres ante la pobreza y exclusión social. Los niveles de actividad laboral y desempleo de las mujeres con discapacidad son sensiblemente inferiores a los de los hombres. Además, en los últimos años se ha puesto de manifiesto cómo los efectos de la crisis han tenido un sesgo de género que ha acentuado la pobreza.
La tasa de pobreza extrema de las mujeres con discapacidad en España triplica a la del resto de la población y es un 40% más alta que la de los hombres con discapacidad. Casi tres de cada cuatro personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres.
Por lo tanto, desde CEMUDIS, en representación de nuestras entidades: Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía, Asociación AMANIXER de Aragón, Asociación AMDAS La Fonte de Asturias, Asociación de mujeres con discapacidad de Palencia, Federación LUNA Castilla la Mancha, Asociación Dones no Estàndars de Barcelona, Asociación extremeña de mujeres con discapacidad, ACADAR Asociación de mulleres con discapacidad de Galicia, Asociación Más Mujer Murcia,
En un manifiesto, exigen: que las instituciones y los poderes del Estado que nos representan, trabajen activamente y de forma inmediata para:
Dotar a niñas y mujeres con discapacidad de los recursos necesarios para revertir las desigualdades.
Promover la investigación, recoger datos y recopilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a las distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la frecuencia, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, para con ello poder analizar si las medidas que se están aplicando son eficaces, y en caso de no ser así, adoptar nuevas otras que la impidan y/o reparen sus efectos.
Incorporar en la próxima Macro encuesta sobre Mujer, Discapacidad y Violencia, que realice la Delegación del Gobierno una muestra bastante significativa de mujeres con discapacidad, para así poder obtener datos desagregados en relación al tipo de discapacidad, origen de la misma, consecuencias.
Facilitar los mecanismos de acceso a la justicia a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a los mecanismos necesarios para su protección y resarcimiento justo y eficaz por el daño ocasionado.
Incorporar de modo urgente medidas para la protección social y sanitaria de las mujeres y niñas con discapacidad, así como para la detección y erradicación de toda situación de violencia.
Promover programas y acciones encaminadas a empoderar a las niñas y mujeres con discapacidad.
Elaborar planes de acción estatales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia, e incluir las nuevas formas emergentes en todos los territorios con el fin de garantizar el mismo nivel de protección independientemente del lugar de residencia.
Poner en marcha todos los procesos necesarios, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento, así como eliminar los prejuicios y las prácticas habituales o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o en la atribución de papeles estereotipados, especialmente cuando se trata de discapacidad
Garantizar el cumplimiento de todas las acciones y medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia, especialmente las dirigidas a la promoción de la figura de la asistencia personal en el caso de mujeres
Reconocer el importante papel que desempeñan las entidades sociales que promueven el cambio social, apoyándolas y dotándolas de recursos para que puedan continuar con su labor de denuncia, sensibilización y protección de las mujeres víctimas de situaciones de violencia o en especiales situaciones de vulnerabilidad, y de las mujeres con discapacidad.
"Vamos a defendernos juntas porque queremos vivir libres, tranquilas y sin miedo", concluyen.