CEPYME denunciará las posibles infracciones en las subvenciones a COEPA
CEPYME, en su próxima Junta Directiva, tratará la posible denuncia en las instancias competentes de la Unión Europea, las infracciones que se considere que pueden haberse cometido en la ejecución y cumplimiento de los convenios entre la Generalitat Valenciana y COEPA, así como el principio básico de igualdad que debe imperar entre todos los administrados, frente a la potestad de la administración. Además de exigir a la Administración Pública, la defensa del interés público y del principio de legalidad, por encima de cualquier otro.
En la última junta de la patronal ha quedado latente el talante no conciliador que la directiva de COEPA mantiene con CEPYME y con otras organizaciones empresariales de la Provincia de Alicante, precisamente cuando se abre un proceso electoral que no pretende otra cosa que desplazar de los órganos de dirección a los disconformes de la posición oficial.
Un claro ejemplo de ineficacia ya demostrada en el intenso recorrido que lleva la actual directiva de COEPA. Un recorrido que le ha valido el récord de denuncias judiciales acumuladas: hasta cinco veces han tenido que recurrir a los juzgados, tanto CEPYME como FEMPA, para preservar el cumplimiento de la legalidad –y algunas de ellas incluso por la vía penal-, en una organización que maneja un elevado presupuesto de dinero público y que, por la mala gestión realizada, se encuentra en situación de liquidación, con graves responsabilidades personales para sus órganos de administración.
Para el presidente de CEPYME Alicante y, también, vicepresidente de COEPA Alicante, Cristóbal Navarro, “ahora se decide, con oscurantismo, la apertura del centro de oficios, circunstancia que los propios auditores de COEPA, califican de elemento crucial para la supervivencia de la entidad, en función de las actuaciones que se lleven a cabo y se hace sin que conste en el oportuno orden del día y sea debatido en consecuencia por el órgano legítimo de administración”.
El reciente informe del Tribunal de Cuentas, en materia de subcontratación en cadena de las actividades de formación subvencionada, “han puesto nervioso a más de uno, aquí en Alicante y también en Valencia, porque en las infracciones legales, en ocasiones tiene problemas el actor, pero también su fiscalizador cuando pudiera mirar hacia otra parte y no respetar y hacer de respetar el interés público por encima de cualquier otro” asegura el presidente de la Confederación.
