Betoret: “Las descalificaciones del alcalde de Alicante obligan a Climent a despertarse y abrir un proceso de diálogo sobre la ZGAT”
El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Vicente Betoret, ha señalado que “el conseller Climent abre un proceso de audiencia pública de diez días sobre la apertura de comercios en las ZGAT poco creíble y obligado tras las descalificaciones del alcalde de Alicante en las que le acusaba de mentir y faltar a su palabra”.
Betoret ha explicado que “un día después de que el socialista de Echávarri le llame la atención, el conseller Climent despierta de su letargo y –obligado por las circunstancias- se acuerda de pronto de su anterior compromiso de diálogo y de contar con los ayuntamientos a la hora de regular las zonas de gran afluencia turística”.
El portavoz popular ha indicado que “ahora anuncia la apertura de un periodo de audiencia pública de diez días que resulta poco creíble. En cualquier caso nos congratulamos de que por fin se haya acordado del conflicto que tiene abierto en relación con las zonas de gran afluencia turística y esperamos que no sea un anuncio más obligado por el mestizaje y sea una voluntad firme de solucionar un conflicto que, aparte de generar inseguridad jurídica, pone freno a la creación de empleo en las grandes ciudades de la Comunitat”.
Vicente Betoret ha mostrado sus dudas sobre que “exista una voluntad real y decidida de solucionar el problema dado que, en el retiro espiritual de Torrevieja, de las 49 medidas anunciadas no hay una sola letra relacionada con el caos generado por este Consell con los horarios comerciales. Esta última decisión de Climent pone de manifiesto que sigue en la senda de la improvisación y de no solucionar de verdad los problemas reales de los valencianos”.
Para el diputado popular, “la falta de comunicación entre los cargos públicos de Economía provoca que las medidas que se toman en relación con el comercio perjudiquen al empleo y que toda la conselleria se encuentre en una situación de letargo que, desde luego, en ningún caso beneficia a los sectores económicos de la Comunitat. La administración autonómica debe actuar como motor de la actividad económica y el crecimiento pero, en ningún caso, como lastre que frena su avance”.
