Alicante refuerza sus políticas contra la discriminación con una estrategia pionera que planifica actuaciones a cuatro años
Derechos Públicos inicia los trabajos para dotar al municipio de un documento que diseñará y calendarizará los programas para la integración de personas migrantes
La concejalía de Derechos Públicos ha iniciado el diseño de una nueva Estrategia Municipal de Igualdad de Trato y No Discriminación. Con estos trabajos, el Ayuntamiento de Alicante es pionero en la provincia en implementar una estrategia marco que garantice el trato equitativo a todos los colectivos ciudadanos integrados en la ciudad de Alicante. Tendrá una vigencia de cuatro años (2025-2028) e incluirá nuevos programas en materia de inmigración, basados en las conclusiones del Estudio-Diagnóstico Exploratorio sobre la Situación de Discriminación a Personas Migradas en la Ciudad de Alicante, recientemente publicado, y un proceso participativo que dará voz a la ciudadanía.
"Los datos oficiales ratifican el crecimiento poblacional que está experimentando la ciudad de Alicante y sustentan que este crecimiento se nutre fundamentalmente de flujos migratorios y residenciales de origen comunitario e internacional", explica la concejala de Derechos Públicos, Begoña León. "Desde la concejalía queremos establecer un marco para optimizar los programas que nos permiten integrar las particularidades de cada colectivo en la sociedad alicantina", añade.
Entre los principales objetivos que se han marcado para la estrategia destaca dotar o modificar, en su caso, programas y actividades que fomenten la participación de las personas migrantes en la vida pública del municipio, así como articular políticas locales que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión o que necesitan un particular seguimiento.
Para conseguirlo, se generará un documento que sintetizará la programación y calendarización de las acciones sociales en los próximos cuatro años y que establecerá también vías de comunicación e información entre los agentes sociales que están involucrados.
León señala que "la nueva estrategia incorporará los programas de atención a personas migrantes que mayor impacto están teniendo, como la red de colaboración con entidades de asilo y refugio, los servicios de las oficinas Pangea, los programas de cohesión social en escuelas o la formación permanente de personas migradas”. Además, apunta, “se diseñarán nuevos programas basados en un riguroso análisis de la situación actual, reflejado en el Estudio-Diagnóstico Exploratorio sobre la Situación de Discriminación a Personas Migradas en la Ciudad de Alicante”.
Conclusiones del estudio-diagnóstico
Entre las principales conclusiones de este estudio figura que la población autóctona está dispuesta a acoger población migrante, poniendo como requisitos para la convivencia la educación y el respeto, el trabajo y la adaptación a las costumbres españolas. El 72% de la población autóctona considera en términos positivos la aportación de elementos enriquecedores a nivel cultural en la sociedad alicantina por parte de la población de origen migrante.
No obstante, el estudio recoge también que un 50% de la población migrante de Alicante ha sentido un trato diferente y que los factores que motivan la discriminación son el color de piel, la imagen personal, la creencia o práctica religiosa, el lugar de procedencia, la lengua y el acento. Solo el 5% ha comunicado o denunciado este trato discriminatorio. Entre las situaciones de discriminación más comunes, destacan el acceso al empleo y el ámbito laboral y las dificultades para alquilar piso.
El análisis ofrece también algunas propuestas de actuación, entre las que destaca el trabajo en el ámbito educativo como espacio privilegiado para socializar en el respeto y la aceptación de la diversidad.
Proceso participativo en septiembre
Además, está prevista la puesta en marcha de un proceso participativo, que comenzará en el mes de septiembre y en el que los ciudadanos y los representantes de las entidades sociales que representan a los colectivos migrantes tendrán oportunidad de aportar sus ideas.
Durante los próximos seis meses, el personal técnico de la concejalía de Derechos Públicos estará asesorado por el instituto de investigación social Likert, para el desarrollo de este plan de participación.
