Alicante reclama al Gobierno central mayor autonomía para agilizar la promoción de viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves solicitar al Gobierno central que dote de una mayor autonomía a los consistorios para agilizar el desarrollo de viviendas, así como una reforma de la financiación local que acabe con la “crónica insuficiencia económica de los ayuntamientos” y garantice el reparto "justo y equitativo" de los fondos públicos.

Por un lado, ha salido adelante, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Compromís y EU Podem, una declaración institucional que reclama mayor autonomía municipal para favorecer y agilizar la promoción de viviendas. En concreto, mediante una mayor autogestión de los ayuntamientos en el desarrollo los planeamientos urbanísticos y la modificación de los mismos, el establecimiento del silencio administrativo positivo en licencias de edificación para inmuebles de nueva planta y la admisión de la declaración responsable como título habilitante para las licencias de primera ocupación de las viviendas terminadas. También pide el desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal de viviendas.

"El acceso a una vivienda asequible es una emergencia nacional y se ha convertido en la primera preocupación de los españoles”, expone la declaración institucional aprobada en el Pleno, que ha defendido el concejal de Vivienda, Carlos de Juan. Un problema “que se sufre de manera muy especial en ciudades como Alicante, una población dinámica y donde se generan oportunidades y se atrae el talento” y cuyo desarrollo económico “se ve frenado por la falta de capacidad de ofrecer hogares asequibles para las familias”, añade el texto aprobado. Los ayuntamientos tienen un papel muy relevante para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda asequible, “por lo que deben ser protagonistas destacados en la propuesta de soluciones”. Para ello, señala, “Alicante necesita ser dueño de su destino urbanístico, ya que conoce perfectamente sus necesidades en este ámbito y tiene capacidad suficiente para desarrollarlas”.

Por este motivo, se ha acordado solicitar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que conceda una mayor autonomía a los ayuntamientos para el desarrollo de sus planeamientos urbanísticos y que se simplifique su régimen de modificación, para que se permita en determinadas circunstancias mediante plan especial. Esto permitiría su aprobación directa por los municipios.

Por otro lado, se pide al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la admisión de la figura del silencio administrativo como un silencio positivo en licencias de edificación para inmuebles de nueva planta, sin que esto suponga en ningún caso la adquisición de facultades o derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística.

En tercer lugar, el Ayuntamiento de Alicante reclama la admisión de la figura de la ‘Declaración Responsable’ como título habilitante para las licencias de primera ocupación de las viviendas terminadas. Una medida que “ahorra tiempo y dinero al ciudadano y al Consistorio”.

Por último, se solicita la puesta en marcha de las modificaciones legislativas necesarias para “dar seguridad jurídica al urbanismo y evitar las indefensiones que se traducen en enormes menoscabos del interés público” y el desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal, para “garantizar de modo urgente el derecho a la propiedad privada y la recuperación inmediata de la posesión”.

Reforma de la financiación local

Por otro lado, ha salido adelante con votos a favor de PP y Vox, en contra de PSOE y EU Podem y la abstención de Compromís, una declaración institucional para que el Gobierno de España reforme la financiación de las entidades locales de manera simultánea con las autonómicas. La declaración emplaza al Ejecutivo central a cumplir con el acuerdo de la Comisión Nacional de la Administración Local para dotar a los ayuntamientos de un nuevo modelo de financiación que garantice, ha defendido la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, "justicia, equidad, autonomía y sostenibilidad económica" a los ayuntamientos.

La iniciativa reclama al Gobierno que solucione el problema generado a todos los ayuntamientos al retirarse la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado. "Esta omisión ha provocado un menoscabo de las haciendas municipales al no cumplirse con la promesa realizada de incrementar un 13% las entregas a cuenta", señala el texto aprobado.

Recuerda que las leyes básicas sobre financiación local han generado "una crónica insuficiencia económica a los ayuntamientos con la consiguiente falta de equilibrio presupuestario y de liquidez". Y defiende "la necesaria y urgente aprobación de una nueva ley de financiación local" que corrija "el ineficaz sistema de tributos locales, el pernicioso sistema de subvenciones y transferencias condicionadas y el desigual reparto de los ingresos en la participación de tributos del Estado".

La financiación, añade la declaración institucional, “debe abordarse desde una perspectiva integral, entre todos, comunidades autónomas y ayuntamientos, sin perder de vista las necesidades de los ciudadanos". Por ello, el Ayuntamiento de Alicante exige que la financiación local se aborde al mismo tiempo que la reforma de la financiación autonómica, “de modo que se evite la tensión financiera que sufren las entidades locales y se cumpla con los principios constitucionales de suficiencia y autonomía de los consistorios".

Otros acuerdos

El Pleno también ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que promueve el diseño de un plan de instalación de juegos adaptados en todos los parques y espacios públicos de la ciudad. 

Asimismo, se ha acordado la procedencia de realizar actuaciones urgentes de acondicionamiento y reurbanización en el barrio del Cementerio, con los votos a favor de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem y la abstención del PP. 

Por último, el Pleno ha aprobado tramitar la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso dotacional de alguna parcela en la Playa de San Juan al objeto de poder construir un Centro Sociocomunitario en esa zona de la ciudad, con los votos a favor de PP, Vox, Compromís y EU Podem, y la abstención del PSOE.