El PP pide al ayuntamiento y al Consell que hagan cumplir la sentencia a REYVAL
El Grupo Municipal Popular en L' Alcora ha celebrado hoy que según ha informado recientemente el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, el 23 de mayo sea la fecha tope en la que la mercantil REYVAL tenga que cerrar definitivamente la planta tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al cierre y desmantelamiento de las instalaciones tras años de litigios y lucha del pueblo. “Esperamos que las declaraciones de la Conselleria de Medio Ambiente y la Conselleria de Sanitat se hagan realidad. No tenemos por qué dudar de ellas pero hasta que no se confirme estaremos pendientes y reclamaremos que se ejecute la sentencias del Tribunal Supremo”, ha señalado el portavoz y regidor del PP municipal, Vicente Mateo.
Mateo, que ha reiterado su “satisfacción” al ver que la unión de los vecinos, el movimiento impulsado por la plataforma 'No a la Incineradora' y la lucha que abanderó el Partido Popular durante su etapa de Gobierno para impedir, a través de la vía legal, que se hiciera la incineradora en el municipio “ha dado sus frutos y por fin estamos asistiendo al adiós de un mal sueño que acaba con final feliz gracias a la movilización de un pueblo que demostró que la constancia, la convicción y la unión de los vecinos tienen hoy por hoy su mejor recompensa”. “Ha sido un proceso de muchos años y muy duro que ha servido a L'Alcora para convertirse en referente y ejemplo de la fuerza que tiene la unión de un pueblo”, ha apuntado Mateo.
No obstante, el edil del PP ha deseado que la administración autonómica vele para que se cumplan con la máxima rigurosidad los plazos previstos y que el Consell “por justicia y con la Justicia como principal aval que se acate con urgencia y sin demora la ley después de seis años y una sentencia firme contraria a la empresa”. “Reclamamos contundencia al equipo de gobierno y que tanto la Conselleria desde sus competencias como el ayuntamiento a través de controles policiales velen para hacer cumplir la sentencia e impedir que haya algún tipo de actividad de la empresa a partir de esa fecha”. “Desde el Partido Popular exigimos que ambas administraciones pongan todos los medios a su alcance para realizar un control exhaustivo que evite que pueda haber algún tipo de movimiento o actividad en la planta una vez haya expirado el plazo previsto por la ley que establece el cierre de las instalaciones”, ha afirmado el portavoz local.
