Més l’Alcora denuncia que la falta de firma del contrato-programa obliga al Ayuntamiento a adelantar fondos para servicios sociales

El portavoz municipal de Més l’Alcora, Agustín Chiva, ha denunciado que la “desidia” de la Generalitat a la hora de firmar el contrato-programa en materia de Servicios Sociales obligará al Ayuntamiento a adelantar el dinero para que no se bloquee la financiación de varias prestaciones sociales de vital importancia: la Ley de Dependencia, la ayuda domiciliaria a personas mayores, el servicio del Centro de Día, las ayudas económicas de emergencia o la mejora de la atención multidisciplinar de los servicios sociales básicos. “El contrato-programa ha concluido ya pero la Generalitat no lo ha vuelto a firmar y eso pone en riesgo estos servicios y puede suponer la precarización de los trabajadores y de las personas usuarias”, denuncia Chiva.

El equipo de gobierno municipal se vio obligado a aprobar en el pleno del pasado 31 de marzo una disponibilidad de crédito para financiar las prestaciones sociales que la Generalitat ha abandonado “por su nulo interés”.

Cabe recordar que el contrato-programa delega a l’Alcora los proyectos y la contratación del personal de Servicios Sociales a cambio de una aportación económica autonómica. Al no haber firmado la Generalitat la renovación, es ahora el consistorio quien avanza el dinero para no dejar en la estacada a usuarios y empleados públicos. “Suponemos que el Ayuntamiento no dejará de dar estos servicios, pero si sigue sin firmarse el contrato-programa y no llega el dinero, ¿se verá obligado el equipo de gobierno a eliminar dinero de otro sitio?”, se pregunta Chiva.

El portavoz municipal de Més l’Alcora insta al Consell que preside Carlos Mazón a aclarar por qué aún no ha firmado el contrato-programa y compara los dos modelos de gestión autonómica. “Venimos de un Govern del Botànic que elaboró la Ley de Servicios Sociales 3/2019, premiada por la Unión Europea como la mejor estrategia de acción social de Europa y con el actual gobierno valenciano PP-Vox vamos hacia la Ley de Simplificación Administrativa que esconde una privatización indirecta y encubierta de los servicios públicos, tratando de hacer negocio con las situaciones de vulnerabilidad”, remarca Chiva.

El concejal alcorino insta al alcalde, Samuel Falomir, a pedir explicaciones a la Generalitat. “Para nuestro pueblo lo prioritario es garantizar la atención primaria básica a la ciudadanía, especialmente a la que se encuentra en una situación vulnerable”, concluye Chiva.