El Ayuntamiento de Alcoy revisará el precio de las obras de La Rosaleda para poder reponer la zona verde
Después de que quedara desierto el concurso con el presupuesto que venía respaldado por informes técnicos
El Ayuntamiento prepara un recurso de reposición a una providencia en la que el TSJ fija que las obras deben estar finalizadas en un año
El gobierno municipal es el primer interesado en reponer la zona verde de La Rosaleda y en cumplir la sentencia, y por ello ha llevado a cabo todos los pasos necesarios para poder hacerlo y, de una vez por todas, solucionar este desaguisado que hizo el PP en su etapa de gobierno municipal con Fernando Pastor como concejal de Urbanismo y que va a costar mucho dinero a los alcoyanos y alcoyanas porque los populares ejecutaron un proyecto sabiendo que era ilegal y tampoco después hicieron nada por solucionarlo.
Ahora, el Ayuntamiento de Alcoy revisará los precios para la ejecución de las obras de La Rosaleda, que deben llevarse a cabo para reponer la zona verde y cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Después de que en marzo el concurso para ejecutar las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa, el Ayuntamiento inició el expediente para la revisión de precios del proyecto.
El aumento del precio de los materiales está comportando, de manera general en todo el país, que muchos concursos queden desiertos, lo que obliga a revisar los precios. Y esto es lo que hace el Ayuntamiento, revisará el precio del proyecto con el fin de que pueda ejecutarse y cumplir la sentencia. Hay que tener en cuenta que el Consistorio siempre se ha basado en el precio que los técnicos han fijado para el concurso, puesto que son ellos quienes tienen la capacidad de determinar esta cuestión. Por ello, el presupuesto del concurso que quedó desierto venía avalado por informes técnicos.
Ahora, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia ha dictado una providencia en la que acuerda, entre otras cuestiones, que las obras deben estar ejecutadas en el plazo de un año y advierte al alcalde y al concejal de Urbanismo de las posibles responsabilidades penales y de multas coercitivas si no se ejecutan las obras. Sobre esta providencia, que no es firme, el Ayuntamiento ya prepara recurso de reposición.
El concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, señala que “no ha habido ninguna actitud dilatoria, como dice la Colla Ecologista La Carrasca. Hemos cumplido con los plazos, que además el Tribunal tenía constancia del proyecto y licitación, y en cuanto a los precios siempre hemos asumido el coste fijado por los técnicos, que son quienes tienen competencia para determinar una cuestión como esa. Si en su momento técnicamente se fijó un precio, nuestra obligación era concursarlo por dicha cantidad, puesto que aparte de querer cumplir con la sentencia siempre tenemos presente que se trata de recursos públicos y hay que gestionarlos adecuadamente”.
