Aprobada la licitación para la reposición de la Zona Verde de La Rosaleda

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó ayer la licitación del proyecto constructivo para reforma del edificio de aparcamientos subterráneos y reposición de zona verde en su cubierta en la plaza de la Constitución (La Rosaleda) para de esta manera cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El presupuesto base de licitación es de 2.438.066,73 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución será de 10 meses. Con esta actuación se pretende dar cumplimiento a la sentencia generando en esta área un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes y con las normativas de accesibilidad pertinentes. Las obras básicamente consistirán en la demolición del forjado de cubierta para su nueva ejecución conforme las nuevas solicitaciones estructurales (capa de tierra de 80 cm y arbolado), así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de cimentación e incluirá la zona verde correspondiente.

A lo largo de esta semana se publicará el pliego de condiciones en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Alcoy. Las empresas que quieran optar a la realización de estas obras dispondrán de 45 días para presentarse.

“Este proyecto permitirá resolver los problemas de ilegalidad que padece la plaza de la Constitución, ha sido un proceso complejo pero que avanza y va a permitir cumplir con la sentencia y dejar la zona verde en la Rosaleda”, ha afirmado el concejal de Urbanismo, Jordi Martínez.

Esta actuación permitirá restituir la zona verde de la Rosaleda, y cumplir la sentencia que consideraba ilegal el proyecto de esta plaza. Recordamos que durante el verano de 2001 el ayuntamiento de Alcoy inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución, licitando la obra y lo adjudicó a la unión temporal de empresas Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa, con un proyecto que no respetaba la zona verde. La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras, pero el Tribunal la denegó porqué el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria, puesto que el concesionario tenía que reponerla exactamente en la misma situación en que se encontraba antes de las obras, algo que resultó incierto. Por este motivo presentaron un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del TSJ emitida en octubre de 2005, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, obligando al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.