Acuerdo entre el Ayuntamiento y la conselleria para recuperar la inversión de los juzgados
En el mes de marzo de 2017 la conselleria de Justicia y el gobierno de, Toni Francés, inauguraban unos nuevos juzgados en la plaça de la Mare de Déu. Además de conseguir unos juzgados dignos para toda la comarca, el ayuntamiento quería una compensación económica a los alcoyanos por el coste de los nuevos juzgados que asumió el anterior gobierno local del Partido Popular. El acuerdo se ha concretado esta semana en una permuta de tres edificios de propiedad autonómica que pasarán a manos locales a cambio del edificio de la Mare de Déu. Los tres edificios que serán municipales tienen un coste superior a los 3,5 millones de euros.
Después de muchas reuniones y trabajo por parte de la comisión de seguimiento a lo largo del 2017, la semana pasada se llegó con un acuerdo, con la presencia del alcalde de Alcoi Toni Francés y la Directora General de Justicia, Verònica López. El acuerdo contempla una permuta por la cual el edificio de los actuales juzgados de la plaça de la Mare de Déu pasarían a ser propiedad de la Conselleria de Justicia y, a cambio, tres inmuebles propiedad de la Generalitat Valenciana pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento de Alcoy. Los edificios que pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento y que actualmente son de la Generalitat son: El Edificio Calle Pintor Casanova 10; actualmente acoge el departamento de Medio Ambiente y Educación. El Edificio Plaza Blai Domingo Llidó 1, Centro Social de la Zona Norte. El Edificio Calle General Prieto, 16. Escoleta Infantil Zona Norte. La valoración de estos tres edificios supera los tres millones y medio de euros y así los alcoyanos y alcoyanas veremos recuperada la inversión hecha.
El acuerdo inicial que se ha llegado entre Conselleria y Ayuntamiento de Alcoi permite que se inician los trámites para realizarse los informes pertinentes y que pueda formalizar antes de final de año la permuta de esta hipoteca que tenía la ciudad debido al anterior gobierno del Partido Popular.
El alcalde Toni Francés ha declarado: «Una vez más este gobierno es el que ha encontrado una solución a los problemas económicos y judiciales en que nos metió la mala gestión del Partido Popular. Tenemos muchos ejemplos que suman muchos millones de euros: el Bulevar, la Rosaleda, Serelles o estos juzgados son sólo algunos. Con este acuerdo, los alcoyanos recuperarnos la inversión hecha en los juzgados de la Mare de Déu, un coste que tendría que haber asumido desde un primer momento la Conselleria de Justicia. Las nuevas instalaciones han supuesto que ya llevemos un año con un servicio de justicia adecuado tanto para nuestra ciudad como para la comarca con unas instalaciones dignas al mismo tiempo que se ha revitalizado una zona degradada en el centro de Alcoy, aportando servicios y seguridad en esta área del centro histórico».
Hay que recordar que en 2004 el PP inició los trámites para construir unos nuevos juzgados en Alcoy, juzgados que fueron construidos por el Ayuntamiento asumiendo una competencia que no le correspondía y sin ningún convenio que garantizara como iban a recuperar los alcoyanos y alcoyanas la inversión hecha. Las obras supusieron un coste de más de 3 millones de euros. 11 años después y con el paso de un total de 6 consellers de Justicia, Alcoy continuaba con unos juzgados, con denuncias de insalubridad y unas condiciones precarias que necesitaban una solución inminente.
El cambio de gobierno el 2011, supuso que el nuevo alcalde, Toni Francés, intentara desde 2011 llegar a un acuerdo con la Conselleria de Justicia para que los juzgados se pudieron trasladar a las nuevas instalaciones y el Ayuntamiento sería compensado por las inversiones hechas pero el acuerdo no fue posible. En 2015, con un cambio de color político en la Generalitat, finalmente, se consiguió en 2016 firmar un convenio, por el cual se le cedía a la Conselleria el edificio de la Mare de Déu para que Alcoy tuviera nuevos juzgados, puesto que la situación precaria del edificio de la Plaza Al-Azraq era insostenible. El convenio se daba un plazo de un año desde la puesta en marcha de los nuevos juzgados, que se produjo en marzo de 2017.
