Alberto Ibáñez: “El 23J votamos el derecho de las familias a tener un proyecto vital o la ley de la selva que defiende la derecha”
Entrevista con el candidato de Compromís-Sumar al Congreso por Valencia para conocer el programa electoral de la formación que promete llevar las reivindicaciones de los valencianos a Madrid
Compromís-Sumar arranca la campaña electoral de cara al 23J con el convencimiento de que van a ser el partido que represente “la voz” de los valencianos en Madrid. El tema de la financiación es la médula espinal de una propuesta que pretenden llevar lejos junto al apoyo de Yolanda Díaz y que pasa por un triple pacto: pacto de rentas, pacto de gestión del tiempo y pacto para garantizar la igualdad territorial.
En esta entrevista con Alberto Ibáñez, candidato de la formación al Congreso por Valencia, conversamos sobre las principales ideas que defiende Compromís-Sumar y cómo pretenden mejorar la vida de los valencianos cuando lleguen a Madrid.
¿Cómo esperáis esta campaña electoral?
Creo que va a ser muy especial. Por un lado por el calor, adaptando los horarios y los espacios y, por otro lado, porque esta campaña va focalizada a la política estatal, lo que quizás nos dificulta algo más a Compromís en cuanto a visibilidad. Pero estamos ilusionados porque gracias al acuerdo de Compromís-Sumar tenemos la oportunidad de que aquel electorado de izquierdas que se quedó en casa el 28M pueda participar de estas elecciones y el resultado sea mejor. Por tanto, esperamos una campaña de ilusión pero también de responsabilidad porque sabemos que el resultado del 28M no dibuja un país de derechas.
Comentas que no tenéis tanta visibilidad pero -y aquí recojo el lema de vuestra campaña, ’La teua veu’- os definís como el partido que va a representar a los valencianos a Madrid. ¿No es ese el mejor mensaje para llegar a ellos?
Sí, absolutamente. Al final todos los diputados escogidos por las circunscripciones valencianas son valencianos, pero sí es cierto que el resto de fuerzas políticas cuando pasan la frontera y llegan a Madrid tienen unas estructuras que les limita el querer representar los intereses de los valencianos y valencianas. En nuestro caso, esta sede de Valencia es el espacio en el que se toman las decisiones y por tanto, cuando vamos a Madrid no ha cambiado nada. Yo creo que está parte sí que es fundamental porque nos permite desarrollar una agenda valenciana que evidentemente comparte mucha parte con Sumar y otras fuerzas progresistas: en la lucha contra las desigualdades sociales, contra el cambio climático, contra la violencia machista… Pero hay un aspecto en concreto que es la médula para el resto de reivindicaciones y que es la financiación. Es decir, los valencianos y valencianas no podemos hablar de lucha contra las desigualdades sociales o contra el machismo o contra el cambio climático si no tenemos recursos para poder hacerlo.
Hablando de financiación, dais una cifra muy ilustrativa para que los lectores entiendan en qué les afecta directamente la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y son esos 8.200 euros que ha dejado de percibir cada vecino en ocho años.
Sí. Cuando hablamos de financiación muchas veces parece ser un conflicto político del que sólo hablamos las personas que nos dedicamos política periodismo o los catedráticos de economía. Pero es algo muy sencillo: En ocho años tenemos 8.200€ menos por cada valenciano y valenciana para hospitales, escuelas, políticas de dinamización de la economía, protección del territorio, etcétera. Se ha asumido por la parte más politizada de la sociedad la gravedad de este conflicto, pero quizás en el resto no ha terminado de calar. Es un tema con una parte muy técnica pero con una connotación altamente política y ni al PP ni al PSOE les ha interesado resolverlo.
¿Y por qué?
La primera razón es que cuando tienes que repartir el dinero, siempre beneficios a unos y perjudicas a otros. Y en el fondo, ni al PP ni al PSOE les ha importado perjudicar a los valencianos. Nosotros creemos que la reforma de la financiación debe hacerse desde una mirada generosa y empática. Y no sólo se trata de que hay una comunidad autónoma que se lleva más de lo que le toca sino que nosotros abogamos por poner los recursos en base a las competencias de cada administración. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene España es que tenemos un sistema competencial profundamente complicado. Por ejemplo: en materia de empleo, las políticas activas son de la comunidad autónoma, pero las pasivas son del estado. La mayor parte de las competencias son o de la comunidad autónoma, es decir, en materia sanitaria, educativa, servicios sociales y dependencia o de los municipios. En cambio, la administración general del estado es las que más recursos tiene. Una forma de facilitar la financiación autonómica sería poner más dinero en las comunidades autónomas. Por tanto, el Estado reparte mejor sin quitarle a los que van ganando porque todos mejoran. Es una propuesta que desde Compromís hemos hecho y aboga porque los recursos públicos vayan a quien tiene las competencias.
Hemos empezando hablando de financiación y terminamos hablando de optimizar recursos públicos. ¿Una cosa viene consecuencia de la otra?
Absolutamente. Hay una asimetría competencial y creo que abordar esta cuestión facilitaría el tema de la financiación. Solo se necesita voluntad política.
¿En este tema os sentís respaldados por Yolanda Díaz?
Sí, yo creo que es evidente la sensibilidad que tiene Yolanda Díaz en el tema de la financiación.
¿Qué proponéis en materia de vivienda?
Para nosotros es muy importante regularlo y creo que una de las cosas que las izquierdas deben hacer algo mejor es confluir las demandas identitarias y las demandas estructurales compartidas. Por ejemplo, hablar de derecho a la vivienda es hablar de la demanda de las personas LGTBI porque en nuestro país las personas trans tienen dificultad para poder encontrar una vivienda porque se les contrata laboralmente menos; hablar del derecho a la vivienda es hablar de lucha contra la violencia machista porque en nuestro país hay muchas mujeres que prefieren seguir conviviendo en su maltratador porque les resulta imposible tener una alternativa habitacional. Hablar de vivienda es hablar también del derecho de la gente joven a poder emanciparse.
Y con todo ello, ahora mismo una de cada siete viviendas en España está vacía.
¿Y cómo creéis que se puede resolver en problema?
Hace falta una política regulatoria severa que garantice el derecho constitucional a la vivienda y nosotros reivindicamos que es momento de desplegar políticas que tengan en cuenta la vivienda como un derecho fundamental de todos los españoles, frente a aquellos que creen que es un bien de mercado como el señor Ábalos, por ejemplo. Ahora mismo hay una dificultad de poder tener una vivienda en nuestras poblaciones costeras porque existe población extranjera, no residente, que está comprando casas muy caras que lo que hacen es disparar el precio del mercado del resto. No podemos ser un país de cartón piedra y, por tanto. regular esto es un tema fundamental para la próxima legislatura.
Las competencias en materia de vivienda son de los gobiernos autonómicos. ¿Cómo pensáis desarrollar estas medidas teniendo en cuenta el gobierno de PP-Vox que va a haber en la Comunitat Valenciana?
Yo soy un firme defensor del autogobierno valenciano y muy respetuoso con lo que han votado los valencianos y las valencianas. Yo defiendo la capacidad de la Generalitat para regular cuando gobierna y cuando no. Efectivamente, sí existe un gobierno de derechas que considera que no es importante garantizar el derecho a la vivienda, es su hoja de ruta. Joan Ribó dijo que su primera medida si volvía a ser alcalde iba a ser regular el precio del alquiler y María José Catala ya ha dicho que no hace falta. Por eso es importante votar, porque son dos modelos antagónicos, unos defienden el derecho de las familias a poder tener una casa y a poder construir un proyecto vital y otros defienden la ley de la Selva.
Pasamos ahora a resumir un poco el programa electoral de Compromís-Sumar. Voy a ir nombrando colectivos y puedes decirme una o varias medidas destacadas para cada uno de ellos.
Familia
Políticas de tiempo como por ejemplo cerrar los centros comercial el domingo para que las familias puedan descansar.
Personas mayores
Hemos visto esta semana cómo la hoja de ruta de la derecha de este país es retrasar la edad de jubilación hasta los 72. Nosotros pensamos que hay que intentar alcanzar la jubilación a los 63 años y empezar los las profesionales más duras.
No solo la derecha, también los empresarios defienden retrasar la edad de jubilación.
Creo que ambos comparten la misma idea.
Empresarios.
Una reforma fiscal para que las pequeñas y medianas empresas -que son la mayoría del tejido productivo de nuestro país- paguen menos impuestos. Y en cambio, los empresarios de las grandes corporaciones que comiencen a pagar.
Niños
Defender los derechos de la infancia. Avanzar en una mirada europea y, por ejemplo, apostar por una prestación universal por hijo a cargo que permita facilitar que cualquier familia pueda tener hijos e hijas. Pero, sobre todo, lo importante es luchar contra la transmisión generacional del empobrecimiento. En estos momentos, el 80% de las niñas y niños que nacen en una casa empobrecida, según Cáritas, independientemente de lo que se esfuercen, morirán pobres.
Jóvenes
Regular el precio del alquiler y avanzar la edad de voto a los 16 años.
¿Por qué?
Creo que si con 16 años puedes trabajar, es justo que también puedas elegir el modelo de país que quieres.
Colectivo LGTBI
Proteger la escuela pública porque es inclusiva para todo y para todos y, por tanto, no tiene un sesgo ideológico. La escuela pública garantiza esa igualdad y diversidad. Por tanto, proteger la escuela pública es proteger los derechos.
Inmigrantes.
El cierre de los CIES. Lo que estamos haciendo es hurtarle a una persona su libertad por un tema administrativo. También subir el salario mínimo y una política exterior responsable.
¿Algún colectivo que te gustaría comentar también?
El de los hombres. Ampliar los permisos de nacimiento y hacerlos obligatorios. Si logramos que sea obligatorio, un empresario nunca le preguntará a una mujer si plantea quedarse embarazada nunca más.