El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por Compromís contra la Ley educativa de Mazón

Compromís celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite y vea contenido de peso e indicios de inconstitucionalidad de la Ley educativa de Mazón. Compromís impulsó el texto con la firma de cincuenta diputados y diputadas de la coalición valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Juntos y BNG, por considerar que va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior.

Según la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Mico, “con la admisión a trámite de este recurso demostramos que en cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos hacer para impulsar acciones como esta: sin haber unificado voluntades de varios grupos parlamentarios del Congreso, nunca hubiésemos podido impulsado este recurso, que consideramos una de las actuaciones más contundentes que podemos llevar a cabo para conseguir que una ley tan nefasta quedo invalidada”.

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, ha comentado que “estamos muy satisfechos que el TC haya aceptado a trámite nuestro recurso, porque significa que hay indicios claros de inconstitucionalidad en la Ley Educativa de Mazón. Por lo tanto, esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importando que va a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa”.

“Somos muy críticos con que Mazón haya acelerado uno de los elementos de esta ley a través de un trámite de urgencia, esta misma semana, con todo lo que está pasando y que lo haya hecho para desviar la atención de todas las graves responsabilidades que tiene en la catástrofe de la DANA”, ha continuado Fullana.

Respecto a los trámites a los cuales se refiere el diputado Gerard Fullana, se trata de la exposición pública para impulsar el referéndum de de lengua que pretende que 800.000 familias valencianas en unos casos pierden el programa educativo que querían y en otros matriculan a ciegas sus hijos el próximo curso.

Así mismo, Gerard Fullana se ha pronunciado sobre el referéndum de lengua como un mecanismo trampa a las familias para que ‘elijan’ la legua en que quieren en que estudien sus hijos e hijas. El texto demuestra que es una pantomima burda, bajo la bandera de la libertad y cuando lo lees en detenimiento te encuentras en que el único que se asegura es que ni una sola familia tendrá garantizada la elige de modelo educativo en el momento de la matrícula, es una estafa”.

“La propuesta convierte a las escuelas públicas en un caos absoluto, dado que cada año se repetirán los referéndums y cada curso podrá tener modelos diferentes, imposibilitando la coordinación de ciclo o programas como Xarxa Llibres”, ha destacado Fullana y ha añadido, “en cambio, en los centros concertados no se llevarán a cabo los referéndums ilegales y serán las direcciones de los centros las que decidirán los proyectos. Las familias de los centros concertados serán las únicas que conocerán el proyecto educativo de centro antes de la matrícula de sus hijos e hijas.”, ha destacado el portavoz de Educación de Compromís.

Hay que recordar que la Ley educativa de Mazón obliga a las familias valencianas que tienen que matricular a sus hijos para el próximo curso a no saber en qué lengua recibirán las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y domino las dos lenguas oficiales.

La ley del PP permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas.

Así mismo, existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de 7 sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de justicia de la Comunidad Valenciana. Además, el recurso de inconstitucionalidad señala que la ley de Mazón para marginar el valenciano en las aulas incumple 28 artículos de leyes superiores: 8 de la Constitución, 16 de la ley educativa estatal, 1 del Estatuto de Autonomía valenciano y 3 reales decretos.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en esta ley de educación del PP valenciano. Se trata de que cada alumno pueda elegir lengua para hacer los exámenes y esto atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura. Lo mismo ocurre con la lengua de los materiales curriculares y de instrucción.