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Las megaplantas solares de Castellón reciben 6.000 alegaciones

Las megaplantas solares de Castellón reciben 6.000 alegaciones
  • Tres grandes proyectos han encontrado resistencias en la Plana Alta y l’Alcalatén

Los dos grandes proyectos fotovoltaicos que se pretenden construir en las comarcas castellonenses de la Plana Alta y l’Alcalatén han sumado más de 6.000 alegaciones.

Así lo han comunicado desde La Unió de Llauradors, que detaca “la gran oposición y clamor social existente en las localidades afectadas ante el grave impacto socioeconómico, medioambiental y paisajístico”.

Uno de los proyectos es la construcción de una planta fotovoltaica (Edetanotum FV1) y su línea eléctrica que afectará a los términos municipales de Cabanes, la Pobla Tornesa, Vilafamés, Vall d'Alba, Costur, Alcora, Onda y Castelló de la Plana; con una planta en Vilafamés-Cabanes de 555.548 paneles solares.

Proyecto de Vilafamés-Cabanes
Proyecto de Vilafamés-Cabanes

También hay otro proyecto de construcción, el 'Valentia FV19', con una planta en les Useres con 303.520 paneles solares y cuya línea de evacuación pasaría por los términos municipales de les Useres, Vilafamés, Costur, l’Alcora, Onda y Betxí.

Proyecto de Les Useres
Proyecto de Les Useres

Además, el gobierno ha aprobado la autorización administrativa previa para un tercer proyecto, la megainstalación fotovoltaica Magda, de 127,8 MW de potencia instalada sobre casi 500 hectáreas de terreno sobre Benlloc, Cabanes y Les Coves de Vinromà. Se trata de la Magda, que pasará por otros 12 municipios castellonenses: Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

Magda. La zona coloreada de rosa es la ubicación de los parques solares
Magda. La zona coloreada de rosa es la ubicación de los parques solares

Sobre este último caso la Conselleria de Agricultura ya ha anunciado la presentación de un recurso porque no se ha tenido en cuenta el informe desfavorable de su Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. En este sentido, La Unió y las asociaciones de defensa del territorio se congratulan de esta decisión y confían en que el nuevo Gobierno autonómico del Partido Popular siga esta línea “de defensa racional del territorio por un mundo rural vivo”.

El Partido Popular, por su parte, ha anunciado este viernes que cuando tome el poder en la Diputación de Castellón pondrá en marcha un gabinete jurídico para frenar este proyecto y las megaplantas futuras que se planteen, al tiempo que han asegurado que esa postura tendrá el respaldo del futuro president Carlos Mazón.

Por otro lado, otro proyecto que había planteado entre Nules-Moncofa y Segorbe ha sido tumbado por el Gobierno,  por su impacto negativo en el medioambiente y el patrimonio.

“Hay más alegaciones que habitantes”

Las informaciones recabadas por La Unió Llauradora i Ramadera, Asociación de defensa del territorio Junts per la Terra de la Vall d’Alba, Associació Nostra Terra de les Coves de Vinromà, Defensem les nostres arrels de Les Useres, la Terra Casa Nostra de Vilafamés y Per un Cabanes viu revelan que en Les Useres se han presentado más de 3.000 alegaciones, más de 1.600 en Vilafamés y cerca de 1.400 en Cabanes, además de otras en diferentes localidades.

Han presentado alegaciones personas individuales, tanto vecinas y vecinos afectados directamente como indirectamente; las empresas afectadas, como casas rurales, bodegas y almazaras, así como las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería y vecinas y vecinos de otros pueblos de la comarca y visitantes.

Del mismo modo se ha registrado otro número similar en cuanto a firmas individuales de rechazo. Si tenemos en cuanta la demografía en esos municipios donde hay poco más de 5.800 habitantes entre los tres, les Useres no llega a los 1.000 habitantes, Vilafamés tiene 1.800 y Cabanes 3.000, se concluye el éxito de la respuesta y el fuerte rechazo social a unos proyectos que destrozan el territorio y el modo de vida de los habitantes de una zona. “Hay más alegaciones que habitantes”, destacan las asociaciones.

Todas las entidades piden que se reconsideren estos proyectos de energía fotovoltaica y reclaman un nuevo planteamiento tanto en la ubicación como en la extensión en el número de hectáreas y que obligatoriamente estén sometidas a criterios técnicos que garanticen y velen por el bien general y no por intereses económicos particulares. Apuestan por realizar un análisis ambiental y paisajístico conjunto de todas las centrales fotovoltaicas de tramitación autonómica y también de las centrales fotovoltaicas de tramitación estatal que se proyecten en el mismo entorno.

 

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