Xirivella debe asumir indemnizaciones por valor de 1,6 millones € por la expropiación de los terrenos del IES Gonzalo Anaya
La justicia condenó al anterior equipo de gobierno por expropiaciones desproporcionadas
El ayuntamiento fracciona el pago en plazos de 400.000€ al año hasta cubrir la cantidad total
El Ayuntamiento de Xirivella se ve obligado a pagar 1.600.000 euros para hacer frente a las indemnizaciones de los propietarios a los que el anterior equipo de gobierno expropió terrenos para destinar la parcela a la construcción del nuevo instituto Gonzalo Anaya. Para que el consistorio pueda pagar las indemnizaciones sin tener que quebrar, ha decidido dividir el pago y hará efectivo 400.000 euros al año hasta cubrir la cantidad.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí ha mostrado su malestar porque “esta sentencia judicial compromete la gestión económica del ayuntamiento como consecuencia de la nefasta actuación del anterior gobierno socialista, lastra el día a día de la actividad económica del municipio, y además nos impiden disponer de este dinero para destinarlo a otras cuestiones como podría ser empleo o educación”.
Más de 3 millones en sentencias de anteriores legislaturas
Junto con el 1,6 millones de euros por las indemnizaciones de terrenos para la construcción del instituto, el Ayuntamiento de Xirivella tiene que acatar otras sentencias judiciales que obligan al consistorio a pagar más de 3 millones de euros que se derivan de las actuaciones que se llevaron a cabo en las anteriores legislaturas.
En el año 2009 una sentencia condenaba a Xirivella a pagar a la empresa Nagares casi 143.000 euros por intereses de demora en el pago de las facturas que ya están pagadas, “pero como el gobierno socialista no acató la sentencia, ahora tenemos que hacer frente a esos intereses”. Un incidente en el año 1997 con un petardo en la falla Gómez Ferrer obliga al consistorio a indemnizar a los afectados con 117.637 euros.
Otra sentencia dicta que el ayuntamiento, por responsabilidad subsidiaria, debería hacer frente las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones de terrenos en el año 2007 para la línea de ferrocarril Utiel-Valencia, siempre y cuando no lo asuma el agente urbanizador.
Además, el área económica contempla una previsión de 1,2 millones de euros en sentencias recurridas que vienen de la legislatura anterior en las que se sospecha que el fallo sea desfavorable, porque ya ha llegado la primera de ellas por la reparcelación y expropiación forzosa de terrenos para la conexión V-30 (sector D).
