Vivienda destina más de siete millones de euros en bonificaciones a familias residentes en viviendas sociales
La Conselleria de Vivienda, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha destinado desde julio de 2015 un total de 7.320.780 euros en aplicar bonificaciones para reducir los alquileres de viviendas públicas de la Generalitat. Los costes de estos arrendamientos varían en función de los ingresos y número de miembros de la unidad familiar.
Esta medida, que se enmarca dentro de las acciones del Plan de Dignificación de la Vivienda Social, beneficia anualmente a una media de 2.300 familias. El plan, impulsado por la Conselleria que dirige María José Salvador, incluye medidas de choque para gestionar y dignificar el parque público de vivienda de la Generalitat, respondiendo así a la vocación social y de rescate de las personas del actual Consell.
Este desembolso en la aplicación de bonificaciones refleja el esfuerzo del Gobierno valenciano en llevar a cabo un cambio de modelo en la gestión de las políticas de vivienda, mejorando la accesibilidad a los colectivos más desfavorecidos mediante ayudas y dando respuestas reales a las familias más necesitadas.
De las 2.300 familias que de media se benefician cada año de las bonificaciones, alrededor de 1.300 corresponden a la provincia de Valencia, 800 a la de Alicante y 200 a la de Castellón.
En lo respectivo al importe total de las bonificaciones, que asciende a 7.320.780 euros, la distribución ha sido la siguiente: 4.026.430 euros en la provincia de Valencia, 2.489.065 euros en la de Alicante y 805.285 en la de Castellón.
Para dar a conocer estas bonificaciones, la Conselleria de Vivienda ha llevado a cabo durante estos tres años campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que se gestionan en régimen de alquiler social. Estas campañas incluyen reuniones con las comunidades de vecinos en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos.
A continuación, se estudia la situación de cada familia y se aplica la reducción en el alquiler que le corresponde, teniendo en cuenta los ingresos y miembros de la unidad familiar.
Para llevar a cabo estas acciones es fundamental la colaboración de los servicios sociales de los distintos ayuntamientos, porque son estos los que elaboran los informes sociales de las familias y conocen sus situaciones y necesidades.
