Vivienda aumenta hasta 7,4 millones de euros el presupuesto de las ayudas para que los ayuntamientos compren y mejoren viviendas públicas
La Conselleria de Servicios Sociales colabora con las entidades locales con un incremento de 2 millones de euros para que puedan dar respuesta a las necesidades de vivienda social
Esta medida busca impulsar la ampliación de los parques públicos municipales de vivienda con fines sociales
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ampliado con 2 millones, hasta alcanzar los 7,4 millones de euros, las subvenciones de 2024 a entidades locales para la adquisición y mejora de viviendas del programa de incremento del parque público de viviendas convocadas para el periodo 2023-2024.
La resolución se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Cabe apuntar que estas subvenciones tienen carácter plurianual (2023-2024).
Esta cantidad se logra gracias a la aportación de 1.130.000 euros por parte de la Generalitat, a la que se suman otros 900.000 euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, también para 2024, con lo que el incremento total publicado es de 2.030.000 euros para esta medida, en el marco del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Así, la cuantía definitiva para 2024 asciende a 7.483.760 euros.
Con ello, la Generalitat se pone al lado de los ayuntamientos para impulsar la ampliación de los parques públicos municipales de vivienda con fines sociales, para su adjudicación en régimen de alquiler o cesión de uso, así como subvencionar las adquisiciones por aplicación de los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) cedidos por la Generalitat y por compra directa por razones de emergencia habitacional.
A este respecto, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha indicado que “estas subvenciones a ayuntamientos para la compra de vivienda pública para fines sociales representan una herramienta clave para abordar la crisis de vivienda que enfrentamos en muchas localidades, y permiten a los municipios adquirir propiedades que se destinarán a personas y familias en situación de vulnerabilidad”.
Además, Fernández ha añadido que “los ayuntamientos podrán incrementar el parque de vivienda pública, garantizando así que las personas con menos recursos puedan encontrar un hogar adecuado y seguro”.
Asimismo, ha añadido que “al facilitar la compra de viviendas vacías o en desuso, contribuimos a revitalizar barrios y comunidades, generando un impacto positivo en la economía local”.
Se trata de viviendas y edificios que están ubicados en suelo urbano, conformes con la ordenación urbanística y no sometidos a ningún procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Asimismo, deben cumplir con las condiciones de calidad, habitabilidad y accesibilidad vigentes.
Las viviendas se destinan a arrendamiento o cesión de uso con fines sociales con carácter permanente. Las personas destinatarias deben cumplir los requisitos sobre cesión y adjudicación de Vivienda de Protección Pública (VPP). Los precios de alquiler se sujetan a los límites de renta establecidos para las VPP. No podrán superar el 25 % de la capacidad económica de las unidades de convivencia.
