Vila-real volverá a licitar el contrato para la concesión del agua potable con el objetivo de mejorar el servicio
La ordenanza de convivencia ciudadana, las alegaciones a la versión preliminar del PGOU o la resolución del convenio de Azuvi son otros de los puntos del pleno ordinario del mes de marzo
El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido no prorrogar el actual contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de aguas potables e iniciar un nuevo expediente de contratación con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación y gestión económica del servicio. Así lo decide esta noche el pleno municipal, que aprobará no proceder a la prórroga del contrato, adjudicado desde el año 1997 a la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa) y que finaliza en septiembre. Con esta decisión, el equipo de gobierno quiere volver a licitar el contrato de abastecimiento y redactar nuevos pliegos de condiciones que establezcan mejores condiciones de prestación y gestión del servicio, en la línea de las revisiones que se está realizando el equipo de gobierno en sus contrataciones para optimizar la calidad de los servicios y ajustar costes.
Este es uno de los puntos del orden del día del pleno ordinario de marzo, que entre otras cuestiones también va a proceder a la aprobación del nuevo texto de la ordenanza de convivencia ciudadana, con la que se busca “potenciar los valores de convivencia y civisimo” y dotar al consistorio de una “herramienta actualizada para prevenir conflictos y ofrecer una respuesta rápida” a las diversas situaciones que pueden derivarse de la convivencia, señala el concejal de Participación Ciudadana, Xavier Ochando, quien destaca el carácter pedagógico de la norma por encima de otras consideraciones sancionadoras, además de defender el proceso de consenso con todos los agentes implicados y grupos políticos para la elaboración del texto.
Otro de los principales puntos del debate plenario es la resolución definitiva del convenio con la empresa Azuvi y la desestimación de las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PP al acuerdo, que ha permitido que las 210 familias que estaban pendientes del cobro de sus indemnizaciones ingresasen las cantidades pendientes, así como que el consistorio percibiese los 1,1 millones de euros en concepto de impuestos por parte de la azulejera y que los proveedores de la empresa tengan también a su disposición los 2,5 millones de euros que se les adeudan. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se muestra particularmente satisfecho del resultado de las negociaciones iniciadas apenas acceder a la presidencia del Ayuntamiento y que han permitido la adquisición del suelo por parte de un grupo de siete entidades financieras y saldar la deuda que la empresa tenía acumulada como una de las condiciones impuestas en las negociaciones. “Con esta resolución definitiva se zanja un conflicto arrastrado desde hace más de cuatro años, como consecuencia de la falta de planificación con la que se ha actuado en este consistorio en anteriores legislaturas”, señala.
También en el apartado urbanístico, el pleno debate la resolución definitiva de las alegaciones al documento de versión preliminar del plan general, que permitirá “seguir avanzando en la redacción del documento que debe definir el desarrollo futuro del municipio, desde unos criterios realistas y sostenibles”, señala el concejal de Urbanismo, Emilio M. Obiol. Para ello, el pleno aprueba la desestimación de las 15 alegaciones presentadas al texto y su remisión a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Además de estos puntos, el pleno aprueba el nombramiento de la reina y damas de las fiestas de 2012 y un expediente de modificación de créditos de unos 4.000 euros que permitirá la adquisición del material necesario para el traslado del servicio del PROP al edificio de Servicios Sociales, un traslado que permitirá al consistorio ahorrar 30.000 euros al año en alquiler.