Retiran más de 100 toneladas de vertidos ilegales en Vila-real: estas son las severas sanciones a las que podrías enfrentarte

La Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha realizado durante el mes de noviembre un plan de limpieza intensiva de vertidos de escombros en la vía pública, que se ha traducido en la retirada de más de 100 toneladas de materiales vertidos de manera irregular en diferentes zonas del término municipal. La campaña ha tenido como principal objetivo limpiar los puntos negros de acumulación de estos residuos inadecuadamente abandonados en la vía pública, pero a la vez, desde la concejalía se advierte de la gravedad de este tipo de infracciones, que pueden comportar una sanción económica así como la obligación de limpiar y restituir el área afectada.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Maria Fajardo, recuerda que “tanto los particulares como las empresas están obligados a una correcta gestión de los materiales de escombro provenientes de obras porque vertirlos de manera incontrolada en el término ocasiona no solo un daño medioambiental grave sino que además tiene un coste económico para la ciudad y supone un peligro para las personas”.

La UTE Vila-real (formada por las empresas PreZero y Urbaser), concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, ha utilizado vehículos y medios especializados para trabajar en varias zonas donde se había acumulado escombro proveniente de construcciones, demoliciones y trabajos privados no autorizados. “Este tipo de residuos no solo genera una imagen negativa de nuestra ciudad, sino que también puede ocasionar peligros para el tráfico y la salud pública, así como provocar atascos en las redes de drenaje, la proliferación de plagas y un aumento del riesgo de accidentes en las zonas afectadas”, subraya la regidora.

Desde la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente recuerdan que tanto los particulares como las empresas que no gestionan sus escombros con un gestor autorizado pueden enfrentarse a severas sanciones económicas, que varían en función de la gravedad de la infracción, con multas que oscilan entre los 2.000 euros y que pueden llegar a cantidades millonarias si se ocasiona un daño ambiental o personal, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, los infractores podrían ser responsables de la limpieza y restitución del área afectada, lo cual generaría un coste adicional a su actividad. Por este motivo, remarcan que hay que asegurarse de que los residuos de obras sean gestionados exclusivamente por gestores autorizados, quienes son responsables de la correcta recogida, transporte y tratamiento de estos materiales.